Una empresa puede tener ventas, clientes, contratos y dinero en el banco y, aun así, amanecer paralizada. Basta que una transferencia, un depósito en efectivo o una operación internacional active una alerta para que comiencen las solicitudes de facturas, contratos, pedimentos, declaraciones y comprobantes. Mientras el banco investiga, la empresa no siempre puede cobrar, pagar nómina, cumplir con proveedores ni disponer plenamente de su propio dinero.
Combatir el lavado de dinero, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y el financiamiento ilícito es indispensable. El problema aparece cuando el sistema diseñado para detener al delincuente inmoviliza también al ciudadano y a la empresa formal, sin plazos operativos claros ni mecanismos ágiles para proteger nómina, impuestos y servicios esenciales.
El problema no nace únicamente en los bancos. Es el resultado de una cadena regulatoria donde intervienen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, los estándares internacionales del GAFI y las exigencias de los bancos corresponsales extranjeros. El banco busca protegerse de sanciones; pero, en muchas ocasiones, el costo operativo termina trasladándose al cliente. Los datos muestran la dimensión del fenómeno.
Entre 2015 y febrero de 2024, la UIF ordenó bloquear cerca de 78 mil cuentas bancarias. Aproximadamente 32 mil 700 fueron posteriormente liberadas, pero México no publica cuánto duró cada inmovilización, cuántas pertenecían a empresas, cuántas operaciones terminaron aclarándose sin irregularidades ni cuántos contratos o empleos se perdieron durante el proceso.
El riesgo recae sobre el sector más vulnerable. México cuenta con alrededor de 5.47 millones de unidades económicas, de las cuales más del 95% son microempresas y, sumadas a las pequeñas y medianas, representan más del 99% del tejido empresarial. Para una microempresa, una semana sin acceso a su cuenta puede significar no reponer inventario, atrasar salarios o desaparecer. Para una pyme promedio, una sola semana de inmovilización puede poner en riesgo alrededor de 1.3 millones de pesos de flujo comercial. México ya enfrenta un entorno complejo.
Entre 2019 y 2023 desaparecieron alrededor de 1.4 millones de establecimientos mipymes. No puede afirmarse que hayan cerrado por restricciones bancarias, porque esa estadística simplemente no existe. Pero sí sabemos que cuando una empresa pierde acceso al financiamiento, 38.2% cancela inversiones y 23.1% cancela contratos, pedidos o servicios. Si la falta de crédito provoca ese efecto, la imposibilidad temporal de utilizar el propio dinero puede generar consecuencias igualmente severas. La experiencia internacional ofrece lecciones claras. Argentina restringió durante años el acceso a divisas y el pago a proveedores, afectando cadenas productivas. Bolivia enfrentó una escasez de dólares que limitó importaciones y producción.
Líbano mostró cómo un sistema financiero puede inmovilizar depósitos y paralizar empresas. Belice vivió otro fenómeno: la pérdida de bancos corresponsales complicó los pagos internacionales aun sin controles cambiarios como los argentinos. Son casos distintos, pero todos enseñan la misma lección: cuando el dinero deja de circular con certeza, la economía pierde dinamismo.
La solución no es disminuir controles, sino hacerlos más inteligentes: identidad digital del beneficiario final, intercambio seguro de información entre autoridades, monitoreo en tiempo real, inteligencia artificial para detectar patrones de riesgo, revisiones proporcionales, plazos máximos de respuesta, desbloqueos parciales para nómina, impuestos y seguridad social, y una instancia independiente de revisión urgente. ¿Qué podría significar un sistema así? Si una mayor certeza bancaria ayudara a evitar apenas entre 1% y 5% de la desaparición de mipymes registrada en los últimos años, podrían preservarse entre 14 mil y 70 mil empresas. Si solamente el 1% de las unidades económicas evitara una semana de interrupción bancaria al año, se protegerían alrededor de 1,300 millones de pesos en flujo comercial; si alcanzara al 5%, la cifra superaría los 6,600 millones.
No son promesas; son escenarios prudentes que muestran el valor económico de reducir fricciones innecesarias. Porque el dinero ilícito debe detenerse con toda la fuerza del Estado. Pero el dinero legítimo debe circular con toda la velocidad de la economía. Si no corregimos estas fricciones, una desaceleración internacional puede golpearnos dos veces: primero por el entorno global y después por las barreras que nosotros mismos imponemos a quienes producen, invierten, importan, exportan y generan empleo. La competitividad de México no dependerá únicamente de cuánto capital tenga, sino de qué tan rápido, seguro y predecible pueda moverse.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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