El reloj ya está corriendo. A partir de este 2 de septiembre faltan apenas 28 días para que concluya la vigencia de uno de los instrumentos de comercio exterior más importantes para Quintana Roo: el Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte.
Hasta hoy no existe una prórroga publicada que nos dé certeza jurídica más allá del 30 de septiembre de 2026.
Y aquí debemos hablar con precisión, porque durante años hemos mezclado figuras fiscales y aduaneras que no significan lo mismo.
Para efectos de este decreto, Quintana Roo forma parte de la Región Fronteriza. No hablamos solamente de Chetumal ni debemos confundirla con la Franja Fronteriza Norte.
¿Qué está realmente en juego?
Un régimen que permite a las empresas que cumplen los requisitos y cuentan con su registro como Empresa de la Frontera importar determinadas mercancías con Impuesto General de Importación —IGI— totalmente desgravado, otras con tasa del 5% y algunas mediante cupos específicos.
El esquema llegó a comprender más de 1,400 fracciones arancelarias totalmente desgravadas y cerca de 300 con tasa del 5%.
No son números para especialistas aduaneros. Son costos.
Son mercancías, maquinaria, insumos, equipos y productos utilizados directa o indirectamente por comercios, hoteles, restaurantes y empresas de servicios. Y en una economía turística como Quintana Roo, cualquier incremento en el costo de abastecimiento termina recorriendo la cadena completa hasta llegar al consumidor.
Pero hay algo todavía más importante: no debemos confundir este decreto con los otros beneficios existentes en el sur del estado.
El Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Sur beneficia, en Quintana Roo, específicamente a Othón P. Blanco y contempla, sujeto al cumplimiento de sus requisitos, estímulos en ISR e IVA, incluyendo el crédito fiscal que permite reducir el IVA efectivo del 16% al 8%.
Ése tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
Y existe una tercera pieza: el Decreto de la Zona Libre de Chetumal, con beneficios específicos en materia de comercio exterior para la Región Fronteriza de Chetumal y cuya vigencia también llega hasta el 31 de diciembre de 2026.
Son tres instrumentos diferentes, con alcances distintos y dos fechas que Quintana Roo no puede perder de vista: 30 de septiembre y 31 de diciembre.
La primera alarma ya está encendida.
A 28 días del vencimiento del decreto de Región Fronteriza, todavía no tenemos publicada una prórroga que otorgue certeza a empresarios que hoy están cotizando importaciones, cerrando contratos, calculando costos para 2027 o tomando decisiones de inversión.
Y la incertidumbre también cuesta.
Quintana Roo está obligado a competir todos los días contra destinos como República Dominicana, Jamaica y otros mercados turísticos del Caribe que utilizan zonas francas, estímulos fiscales y esquemas logísticos precisamente para reducir costos y atraer capital.
Quitarle competitividad a nuestros insumos sería obligarnos a correr la misma carrera con más peso encima.
Por eso la renovación no debe entenderse como un privilegio concedido a Quintana Roo. Es una herramienta para compensar nuestra ubicación geográfica, nuestros costos logísticos y nuestra condición de economía profundamente vinculada al turismo internacional.
Después vendrá diciembre y tendremos que defender también la continuidad de los estímulos de la Región Fronteriza Sur y de la Zona Libre de Chetumal.
Pero la primera batalla tiene fecha:
30 de septiembre de 2026.
No sabemos si existen negociaciones que todavía no se han hecho públicas. Lo que sí sabemos es que, hasta ahora, la certeza jurídica de una nueva prórroga no está publicada.
Y para una empresa, para una inversión y para una economía, certeza que no está escrita todavía no es certeza.
Nos quedan 28 días.
El reloj corre. La competitividad también.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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