Abrir el teléfono no debería provocar miedo. Sin embargo, para millones de personas una notificación puede convertirse en una insinuación sexual no deseada, una imagen que nunca solicitaron, una amenaza o el contacto insistente de alguien que se oculta detrás de una cuenta.
El medio es digital, pero la violencia y el daño son completamente reales.
El Módulo sobre Ciberacoso 2025 del INEGI estimó que 19.4 millones de personas de 12 años y más vivieron alguna situación de ciberacoso en México. Aproximadamente 10.8 millones fueron mujeres.
La desigualdad es evidente: entre las mujeres víctimas, 25.2% recibió insinuaciones o propuestas sexuales y 23.5% recibió contenido sexual. Entre los hombres, las proporciones fueron de 10.7% y 12%, respectivamente.
También preocupa el silencio. Muchas víctimas no cuentan lo ocurrido por vergüenza, por miedo o porque creen que nadie tomará en serio una agresión cometida a través de una pantalla.
Estos datos tienen rostro e historia. Son mujeres, adolescentes y jóvenes que viven el miedo dentro de su propia casa, frente a una herramienta que debería servir para comunicarse, aprender y construir oportunidades.
Algunas terminan cerrando sus cuentas, cambiando de número o abandonando espacios digitales que también les pertenecen. No podemos seguir trasladando a las víctimas la responsabilidad de protegerse. La responsabilidad debe recaer sobre quien acosa, no sobre quien lo padece.
La tecnología ha transformado nuestra manera de relacionarnos, pero también ha generado nuevas formas de ejercer violencia. Frente a ello, las instituciones y las leyes tienen la obligación de responder.
Legislar sobre el acoso digital no significa limitar la libertad en las redes sociales. Significa establecer con claridad que ninguna plataforma puede convertirse en territorio de impunidad y que una agresión no pierde gravedad porque ocurra detrás de una pantalla.
Por ello, presenté una iniciativa para reformar el artículo 130 Bis del Código Penal para el Estado de Quintana Roo y reconocer como agravante el acoso sexual cometido mediante plataformas, redes sociales o cualquier otro medio digital.
La propuesta plantea aumentar hasta en una mitad la sanción vigente cuando el acoso sexual se cometa por medios digitales. También establece consecuencias más severas cuando la persona agresora se aproveche de una función pública, profesional o docente, incluida la inhabilitación definitiva en caso de reincidencia acreditada mediante sentencia firme.
Quien tiene la responsabilidad de enseñar, orientar, cuidar o servir no puede utilizar esa posición de confianza o autoridad para intimidar, sexualizar o vulnerar.
Esta reforma representa un paso concreto para que la legislación de Quintana Roo responda a una violencia que ya forma parte de nuestra realidad. Trabajaremos para que próximamente se convierta en ley y las víctimas cuenten con una protección más firme.
Detrás de cada cifra hay una mujer o una persona joven cuya tranquilidad fue vulnerada. A ellas no podemos responderles con silencio ni pedirles que aprendan a vivir con miedo. Les debemos una legislación que las proteja, instituciones que las acompañen y consecuencias firmes para quienes las agredan.
El daño digital sí es real y la respuesta legal no puede esperar. Ninguna pantalla debe servir como refugio para quien acosa ni como barrera para que una víctima encuentre justicia.
