El contenido de una ley puede modificar la vida comunitaria, el ejercicio de derechos o la relación de una persona con las instituciones. Por eso, conocer una iniciativa únicamente en español, mediante documentos jurídicos extensos o plataformas difíciles de navegar puede limitar la participación de quienes recibirán directamente sus efectos.
El Congreso de Quintana Roo analiza una reforma a su Ley Orgánica para precisar cómo se organizarían las consultas cuando una iniciativa o decreto involucre a personas con discapacidad, pueblos indígenas o comunidades afromexicanas. La propuesta fue presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis y todavía debe completar el procedimiento legislativo correspondiente.
La lengua maya también forma parte del acceso a una ley
La iniciativa plantea que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, junto con las comisiones responsables del dictamen, determine la forma de desarrollar cada consulta conforme a la legislación estatal y los criterios emitidos por órganos jurisdiccionales.
En Quintana Roo ya existe una Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicada en agosto de 2022. Esta norma reconoce el derecho de las comunidades a recibir información y participar en su propia lengua cuando una medida legislativa o administrativa pueda afectar sus derechos, organización, territorio, cultura o recursos.
La legislación vigente establece que toda interacción oral o documental debe realizarse en la lengua hablada por las personas consultadas. También contempla la intervención de intérpretes y traductores, además de la participación del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas como órgano técnico.
Esto significa que una consulta culturalmente adecuada no consiste únicamente en traducir una convocatoria. La explicación del proyecto legislativo, los materiales de trabajo, las reuniones comunitarias y el registro de propuestas necesitan ser comprensibles para quienes participan.
Formatos accesibles para una participación efectiva
El proyecto también incorpora a las personas con discapacidad dentro de los procesos especializados. El Instituto de Investigaciones Legislativas apoyaría en la elaboración de protocolos, logística y desarrollo de las distintas etapas, en coordinación con la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo.
La reforma propone además que la Dirección de Tecnologías de la Información diseñe y publique micrositios especializados para cada consulta. Estas plataformas pueden concentrar convocatorias, documentos, calendarios, materiales audiovisuales y resultados, siempre que su diseño permita el uso de lectores de pantalla, subtítulos, interpretación en lengua de señas y versiones de lectura sencilla.
El Congreso ya cuenta con experiencias digitales en este campo. Actualmente mantiene un micrositio para una consulta dirigida a personas con discapacidad sobre capacidad jurídica y actos del estado civil. También dispone de un espacio en lengua indígena relacionado con reformas a la Ley de Víctimas y al Instituto de la Defensoría Pública de Quintana Roo.
Consultar también significa explicar qué cambió
La participación adquiere mayor valor cuando las comunidades pueden seguir el recorrido de sus propuestas. La legislación estatal establece principios de transparencia, información accesible y decisiones razonadas. También señala que las medidas consultadas deben considerar los resultados obtenidos y justificar su contenido.
La reforma busca integrar esas obligaciones a la estructura interna del Poder Legislativo, distribuyendo tareas entre la Junta de Gobierno, las comisiones, las áreas jurídicas, el Instituto de Investigaciones Legislativas y la unidad tecnológica.
Una consulta realizada en lengua maya, con documentos accesibles y seguimiento público, permite que la elaboración de una ley se acerque a las condiciones reales de las personas. La inclusión legislativa comienza mucho antes de una votación: empieza cuando todas las voces pueden conocer, comprender y expresar cómo una disposición impactará su vida.
