El plantón terminó, pero los casos siguen abiertos.
Después de permanecer durante 14 días frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, integrantes de la Colectiva Femenil Xtabay retiraron el campamento y la clausura simbólica colocada en el inmueble. La decisión se produjo después de una reunión de aproximadamente tres horas con el fiscal general, Raciel López Salazar.
El encuentro permitió establecer un canal directo para revisar diferentes expedientes relacionados con violencia sexual, abuso infantil, violencia familiar, violencia digital, desapariciones y otros delitos denunciados por las víctimas acompañadas por la organización.
La colectiva anunció que se retiraba voluntariamente, pero dejando abierto el diálogo para revisar cada carpeta «conforme a derecho» y obtener respuestas sobre las investigaciones, audiencias y actuaciones pendientes.
No se trata todavía de la resolución de los casos. Es el comienzo de una revisión institucional que tendrá que traducirse en resultados verificables.
Una protesta que creció durante dos semanas
La movilización comenzó el 27 de julio frente a la Vicefiscalía de Justicia del Distrito Sur, en Chetumal. Inicialmente, las manifestantes instalaron un campamento sin impedir el acceso a las oficinas.
Durante los días siguientes expusieron públicamente diferentes historias: investigaciones que presuntamente llevaban meses o años sin avances sustanciales, órdenes de aprehensión pendientes, audiencias diferidas y procesos que, según sus testimonios, no habían proporcionado una respuesta suficiente a las víctimas.
La protesta escaló el 6 de agosto con el bloqueo de la avenida Insurgentes. La interrupción de una de las principales entradas de Chetumal provocó filas vehiculares de hasta dos kilómetros y obligó a la intervención de representantes del Gobierno de Quintana Roo.
Después de varias horas, las manifestantes retiraron el bloqueo tras obtener el compromiso de celebrar una reunión directa con el fiscal general.
Organizaciones participantes señalaron que los problemas denunciados podrían afectar a por lo menos 320 víctimas en Quintana Roo. Esta cifra representa el universo de personas cuyos asuntos son acompañados o señalados por los colectivos; no significa que más de 300 carpetas hayan quedado formalmente incorporadas al acuerdo inmediato con la Fiscalía.
Doce carpetas entran en la primera revisión
La reunión finalmente se celebró el lunes 10 de agosto. De acuerdo con la información difundida después del encuentro, la Fiscalía dará seguimiento inicial a por lo menos 12 carpetas presentadas como casos prioritarios.
Los compromisos conocidos incluyen revisar individualmente los expedientes, identificar diligencias pendientes, supervisar las actuaciones de fiscales y agentes del Ministerio Público y mantener comunicación con las representantes de la colectiva.
En el encuentro también participó María Hadad, vinculada al área de Derechos Humanos del Gobierno del Estado.
Xtabay explicó que estará pendiente de recibir información sobre cada carpeta y de conocer los avances que puedan producirse. Su exigencia no se limita a que los expedientes sean abiertos o nuevamente revisados: reclama que las investigaciones conduzcan a determinaciones ministeriales y judiciales.
Hasta ahora no se ha difundido públicamente un documento detallado que establezca el calendario de las revisiones, los plazos aplicables a cada expediente o el mecanismo mediante el cual se informarán los avances. Tampoco se ha precisado si, después de las primeras 12 carpetas, serán incorporados otros casos acompañados por la organización.
Ese vacío de información no invalida el acuerdo, pero sí impide considerarlo una solución definitiva.
El acuerdo representa un avance, no una sentencia
La reunión con Raciel López Salazar permitió desactivar la protesta y abrir una ruta institucional de atención. Para las víctimas, obtener acceso directo al titular de la Fiscalía representa un paso relevante después de dos semanas de presión pública.
Pero revisar un expediente no equivale necesariamente a resolverlo.
Cada caso se encuentra en una situación jurídica diferente. Algunas carpetas pueden depender de diligencias ministeriales; otras, de órdenes judiciales, audiencias, peritajes, amparos o decisiones de órganos jurisdiccionales que no corresponden exclusivamente a la Fiscalía.
Por ello, no todas las demoras pueden atribuirse automáticamente a una sola institución.
Determinar responsabilidades requiere examinar las actuaciones de cada autoridad y las condiciones particulares de cada procedimiento.
También debe preservarse el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas señaladas. La protección de esos derechos no se contrapone al derecho de las víctimas a recibir información, acompañamiento y una investigación diligente.
Del diálogo a resultados verificables
La protesta de Xtabay colocó nuevamente bajo atención un problema que no puede medirse únicamente por el número de carpetas iniciadas.
Para una víctima, el acceso a la justicia implica conocer qué diligencias se realizaron, cuáles siguen pendientes, por qué una investigación no ha avanzado y qué posibilidades legales existen para llevar el caso ante un juez.
En los expedientes que ya se encuentran judicializados, la atención también debe concentrarse en las audiencias, las resoluciones y el cumplimiento de las medidas de protección. Cuando los procedimientos se prolongan durante años, el desgaste emocional y económico puede convertirse en una nueva forma de afectación para las familias.
El levantamiento del plantón permite reconocer dos hechos: las víctimas consiguieron abrir un espacio directo de revisión y la Fiscalía aceptó mantener el diálogo y dar seguimiento a una primera relación de expedientes.
Ahora comienza la etapa más importante.
La valoración del acuerdo no dependerá del retiro de las lonas ni de la fotografía de la reunión.
Dependerá de cuántas diligencias se reactiven, cuántas víctimas reciban una explicación clara y cuántos expedientes alcancen una resolución conforme a derecho.
Después de 14 días de protesta, la atención institucional ya fue conseguida. Lo que sigue es demostrar que esa atención puede convertirse en justicia.
