Cancún sigue creciendo hacia zonas donde la publicidad inmobiliaria suele llegar antes que la infraestructura, los permisos y la certeza jurídica. La autoridad municipal informó que, desde septiembre de 2024, ha emprendido acciones de clausura contra ocho desarrollos que operaban sin contar con la tramitología necesaria.
El dato no representa únicamente una estadística de vigilancia urbana: detrás de cada proyecto puede haber familias que entregaron ahorros o comenzaron a habitar terrenos cuya situación administrativa no estaba regularizada.
Nahielli Orozco Lozano, secretaria municipal de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, señaló que el séptimo caso corresponde a “Mayorales”, en las inmediaciones de la avenida Huayacán, específicamente sobre el libramiento 180.
De acuerdo con la funcionaria, el sitio reúne alrededor de 500 lotes y algunos ya están habitados.
La intervención se produjo después de un reporte ciudadano presentado durante una jornada del “Día del Pueblo”.
La información disponible indica que la medida responde a la falta de permisos; por sí misma, una clausura administrativa no equivale a una sentencia penal ni permite afirmar que todos los compradores hayan sido víctimas de fraude. La eventual existencia de responsabilidades distintas tendría que determinarse en los procedimientos correspondientes.
Un octavo proyecto está bajo procedimiento
La misma dependencia reportó la detección de otro desarrollo en la zona norte de Cancún y anunció que sería clausurado en los próximos días.
Mientras la actuación no se materialice y la autoridad no publique la identidad y el expediente respectivo, lo jurídicamente correcto es referirse a un proyecto detectado y sujeto a verificación, no presentarlo como un caso definitivamente resuelto.
Los dos corredores donde la autoridad identifica mayor recurrencia son el Polígono Sur y el área próxima a la zona continental de Isla Mujeres.
Son territorios atractivos por la expansión de la ciudad, pero también lugares donde comprar sólo con base en renders, anuncios digitales, mensualidades accesibles o promesas de plusvalía puede dejar al adquirente sin servicios, sin escritura inmediata o con un predio incompatible con el uso de suelo.
El verdadero riesgo aparece antes de la clausura
Una propiedad no se vuelve legal porque ya tenga calles abiertas, bardas, viviendas o habitantes.
La ocupación material tampoco sustituye las autorizaciones de desarrollo urbano, ambientales, de protección civil, de subdivisión o de prestación de servicios que correspondan.
Por eso, la alerta importante no es esperar a que lleguen los sellos, sino verificar antes de pagar un enganche.
La Sedetus informó recientemente que mantiene un padrón estatal de 123 desarrollos verificados y boletinados por no acreditar la tramitología correspondiente.
Esa cifra abarca distintos municipios de Quintana Roo y no debe confundirse con los ocho procedimientos reportados por el Ayuntamiento de Benito Juárez durante la actual administración.
Son universos y autoridades diferentes, aunque ambos datos muestran el tamaño del problema inmobiliario en el estado.
Qué debe comprobar un comprador
Antes de firmar o transferir dinero, el interesado debe solicitar el título de propiedad y su inscripción registral; confirmar uso de suelo y licencias ante Desarrollo Urbano; revisar que la subdivisión o lotificación esté autorizada; conocer por escrito cómo se garantizarán agua, drenaje, electricidad y vialidades; y verificar que el asesor inmobiliario cuente con la acreditación estatal aplicable.
También conviene revisar el contrato con un notario o abogado independiente del vendedor.
La autoridad municipal recomendó acudir directamente a las oficinas de Desarrollo Urbano, al Ayuntamiento o utilizar ChatCun para preguntar si el proyecto cuenta con los permisos necesarios.
Los operativos, según la información oficial difundida, involucran a la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, la Procuraduría de Protección al Ambiente y Protección Civil, entre otras instancias.
Clausurar es apenas el primer paso
La actuación pública será incompleta si únicamente detiene obras.
Para proteger de verdad el patrimonio de las familias también se necesita información accesible, identificación clara de los proyectos intervenidos, seguimiento de los expedientes y rutas de atención para quienes ya compraron.
Cancún necesita crecer, pero no a costa de convertir la necesidad de vivienda y el deseo de invertir en una apuesta a ciegas.
