México ya comenzó a discutir cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en las redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció foros nacionales para construir una propuesta que será presentada al Congreso de la Unión. El reto es nacional y las plataformas digitales requieren un marco jurídico federal. Pero eso no significa que los estados deban esperar. Al contrario, pueden fortalecer esa ruta desde sus propias facultades.
Los datos explican por qué esta conversación ya no puede aplazarse. En México, el 20.4% de las personas usuarias de internet de 12 años o más reportó haber sufrido alguna forma de ciberacoso durante 2025. En Quintana Roo, la incidencia alcanzó también el 20.4%, después de ubicarse en 17.4% un año antes. En apenas doce meses, el problema creció más de 17% en términos relativos. No estamos hablando de una tendencia lejana; está ocurriendo en nuestro propio entorno.
La evidencia internacional también merece atención. UNICEF estima que alrededor de 16 millones de adolescentes de América Latina y el Caribe viven con algún trastorno de salud mental. Además, la región pierde más de 30 mil millones de dólares cada año por las consecuencias económicas asociadas a estos padecimientos, mientras que el costo mundial supera los 387 mil millones de dólares en pérdida de capital humano. Las redes sociales no son la única causa de esta realidad, pero sí pueden convertirse en un factor que agrave problemas como el ciberacoso, la sextorsión, la exposición a contenidos dañinos, la ansiedad, la alteración del sueño o el aislamiento.
La OCDE encontró que más de uno de cada tres estudiantes de 15 años se sintió perturbado después de encontrar contenido inapropiado para su edad en internet. Frente a estas señales, distintos países decidieron actuar. Australia estableció una edad mínima de 16 años para acceder a determinadas redes sociales. Francia creó la mayoría digital a los 15 años e incorporó mecanismos de autorización parental y verificación de edad. Reino Unido y la Unión Europea avanzaron aún más, obligando a las plataformas a reforzar la privacidad de los menores, revisar sus algoritmos y diseñar entornos digitales más seguros.
También debemos ser responsables con la evidencia. Estas políticas son recientes y todavía no existe información suficiente para afirmar que ya redujeron la depresión, el suicidio o el ciberacoso. Lo que sí demuestran es que los gobiernos entendieron que proteger a la infancia digital ya no puede recaer únicamente en las familias; también requiere responsabilidades para quienes diseñan y operan las plataformas.
En Quintana Roo existe una base importante sobre la cual construir. La gobernadora Mara Lezama ha colocado la protección de niñas, niños y adolescentes como una prioridad de su administración, fortaleciendo el trabajo con el SIPINNA y organismos como UNICEF. Esa visión puede dar ahora un paso más e incorporar con mayor fuerza la protección del entorno digital.
Desde el ámbito estatal es posible impulsar acciones concretas: generar estadísticas permanentes sobre riesgos digitales; establecer protocolos contra el ciberacoso y la sextorsión en las escuelas; fortalecer la educación digital para estudiantes, docentes y familias; ampliar la atención psicológica temprana; y coordinar a Educación, Salud, Seguridad, Fiscalía, DIF y SIPINNA para responder de manera integral.
La prevención también tiene sentido económico. La Organización Mundial de la Salud estima que cada dólar invertido en salud mental adolescente puede generar hasta 24 dólares en beneficios futuros para la sociedad. Prevenir cuesta. Reparar una vida marcada por la violencia digital cuesta mucho más.
La Federación ya abrió la conversación. Hoy corresponde a los estados enriquecerla con evidencia, coordinación institucional y soluciones que respondan a su propia realidad. No se trata de prohibir la tecnología ni de limitar oportunidades. Se trata de garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan crecer en un entorno digital donde la innovación avance al mismo ritmo que la protección de sus derechos.
Porque las mejores leyes no son las que llegan después de una tragedia. Son las que llegan antes de que esa tragedia ocurra.
