La muerte de un niño de un año ocho meses dentro de una cuartería de Cancún no puede reducirse al nombre del detenido ni a una carpeta de investigación. La verdadera pregunta es más incómoda: ¿cuántas señales existían antes de llegar a este desenlace? Un menor de esa edad no puede denunciar, escapar ni pedir ayuda. Su única defensa son los adultos y las instituciones que lo rodean.
Cancún presume crecimiento, turismo y desarrollo, pero también carga una realidad que pocas veces quiere mirar: miles de familias sobreviven en condiciones precarias, entre jornadas interminables, hacinamiento y redes de apoyo prácticamente inexistentes. Ahí, la infancia suele quedar invisible.
Nada justifica la violencia contra un niño. Nada. Pero tampoco podemos seguir actuando como si estos casos aparecieran de la nada. Siempre existen alertas que alguien vio, escuchó o decidió ignorar.
La justicia deberá castigar a quien resulte responsable. Pero si después del juicio todo sigue igual, el siguiente caso será cuestión de tiempo. Proteger a la niñez no comienza cuando llega la Fiscalía; comienza mucho antes, cuando una sociedad decide no volver a mirar hacia otro lado.
