En un juicio de guarda y custodia, la vida familiar puede quedar temporalmente organizada alrededor de una fecha: la cita con psicología. Mientras llega, una niña o un niño puede vivir con uno de sus progenitores, mantener convivencias supervisadas o permanecer sujeto a medidas provisionales dictadas por el juzgado.
La iniciativa presentada por la diputada Paola Elizabeth Moreno Córdova busca reconocer expresamente el bienestar psicoemocional dentro de las obligaciones de crianza. También permitiría que la autoridad judicial ordene valoraciones de idoneidad parental, psicológicas, sociofamiliares o interdisciplinarias cuando existan elementos de una posible afectación al desarrollo integral o a la seguridad física, sexual o emocional de una persona menor de edad. El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia y todavía no es una disposición vigente.
La evaluación no comienza y termina en una entrevista
Una valoración psicológica dentro de un juicio de custodia puede requerir entrevistas con las personas adultas involucradas, encuentros adaptados a la edad del menor, aplicación de instrumentos psicológicos y revisión de la dinámica familiar. El componente sociofamiliar puede incorporar visitas domiciliarias, condiciones de vivienda, redes de apoyo, cuidados cotidianos y distribución de responsabilidades.
Sentencias públicas de Quintana Roo muestran expedientes donde se ordenaron valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos, así como asuntos en los que el Centro de Convivencia Familiar Supervisada remitió evaluaciones al juzgado. Estos documentos confirman que los peritajes ya se utilizan como elementos auxiliares para decidir custodia y convivencias; la iniciativa pretende incorporarlos expresamente al Código Civil bajo determinados supuestos.
El dictamen tampoco elige automáticamente con quién debe vivir un niño. La persona juzgadora debe integrarlo con testimonios, documentos, condiciones familiares, antecedentes de cuidado y la participación del menor conforme a su edad y madurez. La Suprema Corte sostiene que las decisiones deben valorar de manera individual la realidad familiar y el interés superior de la infancia.
La iniciativa no establece cuánto debe tardar la cita
El proyecto autoriza las valoraciones, pero no fija un plazo máximo para programarlas, practicarlas o entregar sus resultados. Tampoco asigna presupuesto adicional, determina cuántos especialistas deberán intervenir ni precisa si todos los estudios serán realizados gratuitamente por personal público. Sus transitorios únicamente señalan que el decreto entraría en vigor después de publicarse.
En los portales públicos revisados del Poder Judicial existe un padrón de peritos y un sistema de consulta de sentencias, pero no aparece un promedio estatal sobre el tiempo que requieren las evaluaciones familiares en Cancún, Chetumal y Playa del Carmen. Sin esa medición, una familia no puede anticipar si la cita llegará en semanas o meses.
El tiempo puede ampliarse por la disponibilidad del especialista, las agendas de las partes, las entrevistas necesarias, una visita domiciliaria, la elaboración del informe o la repetición de una cita cuando alguien no comparece. Una resolución pública de Quintana Roo incluso registra una controversia relacionada con la inasistencia de una persona a la evaluación psicológica programada.
La infancia continúa mientras avanza el expediente
Durante la espera, el juzgado puede mantener una custodia provisional, regular las convivencias o disponer que se realicen con supervisión profesional. Una sentencia pública de 2025 documenta convivencias en el CECOFAM con la presencia de una persona especialista en psicología, como medida para conservar el contacto familiar bajo condiciones controladas.
El monitoreo que originó esta cobertura identificó el punto operativo: la utilidad de la reforma dependerá de quién realiza los estudios, cuánto tardan y cómo se impide que la evaluación prolongue innecesariamente un conflicto familiar.
Una cita psicológica puede aportar información especializada para proteger a una niña o un niño. Para que cumpla ese propósito necesita tiempos conocidos, personal suficiente, metodología transparente y medidas provisionales que acompañen a la familia mientras llega el dictamen.
