Una mujer bloquea una cuenta. Minutos después aparece otra. Cambia de número, restringe sus redes, deja de publicar dónde está y comienza a sentir miedo cada vez que recibe una notificación. Nadie la ha tocado. Pero su libertad ya cambió.
No es solo internet. Es una agresión que entra al hogar, al trabajo, a la escuela y termina modificando la forma en que una persona vive.
En 2025, 20.4% de las personas usuarias de internet de 12 años y más en México vivió alguna forma de ciberacoso: cerca de 19.4 millones de personas. Entre las mujeres, la cifra ascendió a 21.5%. El contacto mediante identidades falsas fue la modalidad más frecuente; 25.2% recibió insinuaciones o propuestas sexuales y 23.5% contenido sexual no solicitado. Más preocupante aún: 61.1% de las víctimas nunca supo quién estaba detrás de la agresión.
Quintana Roo también envía una señal de alerta. La prevalencia de ciberacoso pasó de 24.5% en 2023 a 17.4% en 2024, pero volvió a subir hasta 20.4% en 2025. Es decir, después de una disminución, el problema regresó al nivel del promedio nacional. Hoy, uno de cada cinco usuarios de internet en nuestro estado reporta haber sufrido ciberacoso.
Las señales aparecen mucho antes de una denuncia: perfiles falsos, mensajes insistentes, nuevas cuentas después de un bloqueo, llamadas ofensivas, vigilancia constante de publicaciones, insinuaciones sexuales, contenido no solicitado o amenazas veladas. Después cambia la víctima: deja de compartir su ubicación, modifica sus rutinas, evita determinados lugares, pierde confianza y comienza a vivir con miedo de la siguiente notificación.
Lo verdaderamente preocupante es que el costo del acoso digital casi nunca aparece en una carpeta de investigación. Aparece mucho antes y en lugares donde pocas veces se mide.
En la salud mental, el INEGI reporta que 34.6% de las mujeres víctimas experimentó miedo; 31.7%, estrés; 30.1%, inseguridad; 25.5%, frustración y 23.1%, nervios. La violencia digital no termina cuando se apaga la pantalla; continúa en el sueño, en la ansiedad y en la pérdida de tranquilidad.
En el ámbito educativo, organismos como UNICEF han advertido que el ciberacoso está asociado con ausentismo, aislamiento, menor rendimiento escolar e incluso abandono de los estudios. Cuando una estudiante deja de participar por miedo, el costo deja de ser individual y se convierte en una pérdida para toda la sociedad.
En el trabajo, el propio INEGI documenta que 3.9% de las mujeres víctimas sufrió afectaciones laborales, 1.9% reportó pérdidas económicas y 0.6% perdió su empleo. Detrás de cada porcentaje hay proyectos detenidos, ingresos familiares comprometidos y oportunidades que nunca se recuperan.
El costo familiar y social tampoco aparece en las estadísticas penales. Muchas personas cambian de número telefónico, cierran sus redes sociales, dejan de asistir a reuniones, limitan sus relaciones personales o modifican su forma de vivir para sentirse seguras. El agresor no invade solamente una cuenta; invade la libertad con la que una persona desarrolla su vida.
Y existe un costo institucional que debería preocuparnos a todos. Mientras el problema crece, 73.2% de las mujeres simplemente bloquea al agresor y apenas 2.5% presenta una denuncia ante la policía. La principal respuesta frente al acoso digital sigue siendo un botón. Cuando las víctimas sienten que bloquear funciona más que denunciar, las instituciones tienen un enorme desafío por delante.
Quintana Roo ya reconoce el acoso sexual cometido mediante tecnologías de la información. El artículo 130 Bis del Código Penal establece actualmente penas de seis meses a dos años de prisión y de 300 a 500 días multa. Además, cuando quien comete el delito es una persona servidora pública, docente o integrante del personal administrativo de una institución educativa o de asistencia social, contempla destitución e inhabilitación.
Sin embargo, la velocidad con la que evolucionan las formas de agresión digital obliga a preguntarnos si nuestras herramientas jurídicas evolucionan al mismo ritmo. El mundo ya comenzó a hacerlo. España reconoce el acoso reiterado cuando altera la vida cotidiana de la víctima; la Unión Europea ha diferenciado nuevas formas de violencia digital, y Australia desarrolló mecanismos especializados para responder con rapidez.
Las mejores leyes no esperan a que una pantalla se convierta en el inicio de una tragedia. Las mejores leyes identifican los riesgos cuando todavía parecen solamente un mensaje.
Porque bloquear puede detener una cuenta. Pero proteger a una persona es responsabilidad de las instituciones.
