Una pensión alimenticia no es un trámite menor ni una disputa privada entre adultos. Cuando hay niñas, niños o adolescentes de por medio, cada retraso, cada audiencia, cada acuerdo y cada sospecha de trato desigual puede convertirse en una prueba directa de confianza judicial.
En Cancún, una madre de familia identificada como Flor Delfina Matos González acusó presuntas irregularidades dentro de los Juzgados Familiares Orales, ubicados en el fraccionamiento Corales, y señaló directamente a Lizbeth Angélica Sosa Kantún, administradora de esa sede judicial, por presuntamente obstaculizar un proceso relacionado con el incremento de pensión alimenticia para sus dos hijos menores de edad. La denuncia fue difundida por Noticaribe con base en una entrevista telefónica a la afectada.
Una pensión alimenticia bajo sospecha institucional
De acuerdo con el testimonio publicado, el proceso contra su expareja inició en junio de 2025. Desde entonces, la madre afirma haber enfrentado “trabas”, respuestas negativas, notificaciones con poco margen y una serie de decisiones que, según su versión, favorecían al padre de sus hijos. También aseguró que, después de varios meses, recibió información con evidencia sobre un presunto vínculo sentimental entre su expareja y la administradora del juzgado.
El señalamiento es delicado porque no apunta únicamente a una inconformidad procesal. Plantea una pregunta de mayor fondo: qué ocurre cuando una persona que acude a un juzgado familiar percibe que la cancha no está pareja. En materia familiar, la imparcialidad no solo debe existir; debe poder verificarse, explicarse y sostenerse frente a quienes buscan justicia.
La afectada informó que presentó una denuncia penal contra el padre de sus hijos por presuntos malos tratos durante convivencias recientes, además de una queja contra la administradora del juzgado. También pidió la paralización inmediata del proceso y el cambio de juzgado o de juez para evitar que, según su dicho, el expediente continúe afectado.
Cuando el derecho de los hijos depende de la velocidad del juzgado
La pensión alimenticia no debe tratarse como favor ni negociación informal. En México, el Diario Oficial de la Federación publicó en 2023 reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias, dentro de una agenda nacional orientada a fortalecer mecanismos contra el incumplimiento alimentario.
En Quintana Roo, el Código Civil contempla un Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La norma establece que se inscribirá a quienes dejen de cumplir injustificadamente por más de 60 días sus obligaciones alimenticias ordenadas por jueces, tribunales o convenio judicial; además, el certificado correspondiente debe informar si una persona se encuentra inscrita en ese registro.
El propio Poder Judicial de Quintana Roo cuenta con una plataforma de Consulta de Pensiones en Línea, donde se puede revisar si existe depósito por cobrar y acudir a las oficinas del Fondo de cada localidad, incluida Cancún.
La confianza judicial también se mide en casos familiares
El caso exige cautela editorial. Hasta ahora, lo publicado corresponde a señalamientos de una madre y no a una resolución firme contra la funcionaria señalada. Por eso, el centro de la nota no debe ser el escándalo personal, sino la pregunta institucional: cómo se investigan los posibles conflictos de interés dentro de juzgados familiares y qué garantías reales tiene una madre cuando reclama una pensión para sus hijos.
En materia familiar, los juzgados no solo administran expedientes. Deciden tiempos, convivencias, alimentos, protección y estabilidad para menores de edad. Por eso, cualquier señalamiento sobre favoritismo, retraso o interferencia debe revisarse con seriedad, no por presión mediática, sino porque la justicia familiar se sostiene sobre una promesa básica: que el interés de niñas, niños y adolescentes esté por encima de relaciones personales, jerarquías internas o ventajas procesales.
Si la denuncia avanza, las autoridades judiciales deberán aclarar si hubo o no conflicto de interés, si el expediente fue tratado con imparcialidad y si las decisiones tomadas protegieron de manera efectiva el derecho alimentario de los menores.
Porque cuando una pensión alimenticia se vuelve motivo de sospecha, lo que queda en juego no es solo un expediente. Es la credibilidad del sistema que debe garantizar que la justicia familiar no dependa de influencias, cercanías o silencios administrativos.
