La carrera política de Rafael Marín Mollinedo rumbo a la gubernatura de Quintana Roo enfrenta un nuevo cuestionamiento. Esta vez no se trata de una disputa interna de Morena ni de declaraciones de alguno de sus adversarios, sino de los antecedentes atribuidos a uno de sus colaboradores más cercanos.
Una investigación publicada este 10 de agosto por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sostiene que Alejandro Enrique Arcos Romero, quien trabajó en la Agencia Nacional de Aduanas de México durante la gestión de Marín y actualmente aparece acompañándolo en actos políticos, fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera como presunto operador financiero de la organización encabezada por Florian Tudor.
El reportaje, elaborado por los periodistas Iván Alamillo y Verónica Ayala, presenta documentos que permiten reconstruir la relación laboral y política entre ambos personajes.
Sin embargo, es importante establecer desde el principio una diferencia fundamental: los señalamientos corresponden directamente a Arcos Romero y no constituyen, por sí mismos, una acusación penal contra Rafael Marín.
Hasta el momento, la información publicada tampoco acredita que Marín haya participado en las operaciones financieras investigadas o que conociera previamente los antecedentes atribuidos a su colaborador.
Lo que sí abre el reportaje es una pregunta política inevitable: ¿cómo llegó una persona previamente señalada por autoridades financieras a ocupar una posición cercana al entonces titular de Aduanas y, posteriormente, a acompañarlo en su proyecto rumbo a 2027?
El antecedente de la UIF
De acuerdo con los documentos consultados por MCCI, en febrero de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Alejandro Arcos Romero como parte de la denominada Operación Caribe.
El operativo estaba dirigido contra la estructura financiera presuntamente relacionada con Florian Tudor, identificado por las autoridades como dirigente de una organización dedicada, entre otras actividades ilícitas, a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos.
MCCI señala que el bloqueo se produjo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara a las autoridades mexicanas revisar e inmovilizar las cuentas de 72 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la red de Tudor.
Según el Acuerdo 10/21 de la UIF citado en la investigación, Arcos Romero fue ubicado como uno de los principales presuntos operadores financieros de esa estructura y relacionado con la constitución de 14 empresas que, de acuerdo con la misma fuente, habrían sido utilizadas para mover recursos mediante la adquisición de inmuebles, automóviles y joyas.
La investigación también menciona movimientos millonarios registrados en cuentas en las que Arcos Romero aparecía como apoderado. En una de ellas se habrían reportado depósitos por 46.2 millones de pesos y retiros por 195.1 millones entre septiembre de 2015 y marzo de 2016.
En otra se identificaron depósitos por 39.5 millones y retiros por 42.3 millones de pesos en un periodo de aproximadamente cuatro meses.
Estas cantidades y conclusiones proceden de documentos de la UIF citados por MCCI. No representan una determinación judicial emitida por este medio.
Su paso por Aduanas
El punto que coloca el caso en la discusión política de Quintana Roo es lo ocurrido posteriormente.
Rafael Marín Mollinedo encabezó la Agencia Nacional de Aduanas de México en un primer periodo comprendido entre diciembre de 2022 y junio de 2023.
Según testimonios de funcionarios y exempleados recabados por MCCI, durante esos meses Arcos Romero era reconocido como una persona cercana al titular y llegó a desempeñarse como su secretario particular.
La investigación presenta además documentos oficiales que confirmarían su presencia en la dependencia.
En el acta de entrega-recepción del 26 de diciembre de 2022, mediante la cual Horacio Duarte entregó la dirección de Aduanas a Rafael Marín, Arcos Romero aparece como testigo.
Otro oficio de abril de 2023 lo identifica como “director general adscrito a la ANAM” y lo incluye entre las personas notificadas desde la oficina del entonces titular.
El dato resulta relevante porque, cuando Arcos Romero comenzó a trabajar en Aduanas, sus cuentas ya habían sido bloqueadas como parte de la investigación financiera iniciada en 2021.
No obstante, que una persona haya aparecido en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF no equivale automáticamente a una condena penal.
De acuerdo con MCCI, Arcos Romero no fue detenido y los amparos que promovió en 2023 para conocer si existían órdenes de aprehensión fueron sobreseídos porque las autoridades, incluida la Fiscalía General de la República, negaron que existieran esas órdenes.
Por ello, jurídicamente debe mantenerse la presunción de inocencia y diferenciar un señalamiento administrativo o financiero de una sentencia dictada por un tribunal.
Una cercanía que continúa
La relación entre Arcos Romero y Marín no habría terminado con la salida de ambos de la Agencia Nacional de Aduanas.
MCCI asegura haber identificado a Arcos Romero en videos y fotografías de distintas actividades públicas encabezadas por el aspirante morenista en Quintana Roo.
También señala que lo acompañó el 26 de junio durante su registro en el proceso interno de Morena relacionado con la elección de su futura candidatura a la gubernatura.
Además, a finales de mayo, Arcos Romero apareció como representante de Rafael Marín en la solicitud presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar la marca “Rafa Marín”. Este trámite ya había sido dado a conocer previamente por medios regionales.
Estos elementos muestran que la cercanía no habría sido exclusivamente laboral ni limitada al periodo de Aduanas. Arcos Romero aparentemente conserva una participación de confianza dentro del entorno político y personal del aspirante.
Lo que Marín debe explicar
La investigación no demuestra que Rafael Marín sea responsable de los actos atribuidos a Alejandro Arcos Romero. Tampoco aporta elementos suficientes para afirmar que exista una relación de Marín con la organización de Florian Tudor.
Hacer cualquiera de esas afirmaciones sin una investigación ministerial o una resolución judicial sería incorrecto.
Pero la ausencia de una acusación penal contra Marín no elimina la dimensión política del caso.
Quien busca gobernar Quintana Roo está obligado a explicar cómo selecciona a sus colaboradores, qué mecanismos de revisión aplica y qué sabía sobre los antecedentes de las personas que integran su círculo cercano.
MCCI informó que buscó la postura del equipo de Rafael Marín antes de publicar el reportaje, pero que no obtuvo respuesta.
Ese silencio no acredita responsabilidad alguna, aunque deja sin contestar las preguntas principales.
Rafael Marín tiene derecho a responder, aclarar cuál es actualmente la función de Arcos Romero dentro de su equipo y precisar si conocía los señalamientos formulados por la UIF.
Su versión deberá incorporarse con la misma relevancia cuando sea emitida.
En una contienda política que apenas comienza, el caso no constituye una sentencia contra el aspirante. Sí representa una prueba de transparencia que difícilmente podrá resolver solamente con silencio.
