Una casa asegurada durante una investigación puede permanecer cerrada durante años sin convertirse en patrimonio público. Para que Quintana Roo recupere legalmente un inmueble, vehículo, cuenta o recurso, necesita promover un procedimiento de extinción de dominio y obtener una sentencia definitiva.
La iniciativa presentada por el diputado Renán Sánchez Tajonar busca ampliar los delitos que permitirían iniciar estos procedimientos. La propuesta contempla hechos contra la vida, libertad, patrimonio, familia y sociedad, además de posibles casos de enriquecimiento ilícito cometido desde el servicio público. Todavía debe recorrer el proceso legislativo antes de modificar las reglas actuales.
Un bien asegurado todavía puede regresar a su propietario
El aseguramiento impide vender, ocultar, transferir o alterar un bien mientras se desarrolla una investigación. Durante ese periodo, la Dirección de Bienes Asegurados debe registrarlo, custodiarlo y conservarlo, pero su valor no entra automáticamente al erario.
La legislación estatal establece que los recursos obtenidos durante la administración de un bien asegurado permanecen provisionalmente en un fondo y deben entregarse a quien finalmente acredite el derecho sobre ellos. Si el procedimiento concluye sin extinción de dominio, la propiedad y sus rendimientos deben reintegrarse.
La diferencia resulta esencial. Asegurar una casa no significa que el Estado ya pueda utilizarla como oficina, refugio, centro comunitario o instalación de seguridad. Antes necesita una resolución judicial firme.
La sentencia cambia al propietario, pero no permite un uso inmediato
Cuando la sentencia de extinción de dominio queda firme, el juez ordena ejecutar la resolución y aplicar el bien a favor del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, puede mantenerse bajo conservación si todavía funciona como evidencia dentro de un proceso penal.
Después comienza una etapa administrativa: actualizar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, elaborar inventarios, determinar el estado físico, cubrir mantenimiento y definir si el bien puede utilizarse directamente o requiere otra forma de aprovechamiento.
La ley también permite que determinados bienes susceptibles de deteriorarse sean vendidos mediante subasta con autorización judicial antes de concluir el procedimiento. En ese caso, el dinero obtenido permanece administrado hasta que se determine a quién corresponde.
El destino debe publicarse y tener utilidad social
La Ley de Extinción de Dominio de Quintana Roo dispone que los bienes recuperados se destinen al bienestar social mediante un acuerdo publicado en el Periódico Oficial. Cuando proceden de secuestro o trata de personas, deben dirigirse al fondo correspondiente para la protección y asistencia de las víctimas. Los bienes fungibles se asignan a la procuración de justicia.
Esto significa que una propiedad no cambia de función únicamente por quedar en manos del Estado. Su destino necesita una decisión formal, verificable y vinculada con una finalidad pública.
El antecedente disponible muestra la distancia entre ambas etapas. En 2022, la Fiscalía reportó al Congreso 138 inmuebles asegurados, principalmente relacionados con homicidio, feminicidio, despojo, narcomenudeo y delitos contra la salud; aquella cifra no equivalía a 138 propiedades recuperadas mediante sentencia.
La reforma ampliaría el universo de bienes susceptibles de ser reclamados. Su efecto real dependerá de cuántos procedimientos lleguen a resolución, cuánto tiempo tarden y qué utilidad pública reciba cada propiedad. La medida completa no termina cuando el Estado gana una casa: termina cuando esa casa deja de deteriorarse y adquiere un destino social documentado.
