La agenda de la diversidad sexual en Quintana Roo busca dar un salto institucional. El Parlamento Estatal LGBTQ+ prepara una iniciativa para crear la Unidad Estatal de Diversidad Sexual, una instancia que tendría como objetivo coordinar políticas públicas de inclusión, atención y defensa de derechos para la población diversa en la entidad. La propuesta, según lo reportado, sería presentada ante el Congreso del Estado a más tardar en noviembre.
El planteamiento no aparece como un gesto aislado. Su fondo es político, social e institucional: convertir las demandas del Parlamento LGBTQ+ en una política pública con estructura, cobertura territorial y capacidad de seguimiento. La discusión ya no se limita al reconocimiento simbólico de la diversidad, sino a la pregunta central de toda política de derechos: quién atiende, con qué facultades, en qué municipios y con qué continuidad.
De la representación a la estructura pública
La propuesta plantea crear una instancia estatal capaz de articular el trabajo entre dependencias estatales y municipales. Actualmente, solo algunos municipios, entre ellos Benito Juárez, cuentan con áreas específicas de atención a la comunidad LGBTQ+, lo que deja una cobertura desigual para quienes viven fuera de los centros urbanos con mayor infraestructura institucional.
Ahí está el punto de fondo. Quintana Roo tiene 11 municipios, pero la atención especializada no opera con la misma fuerza en todo el territorio. Para el Parlamento Estatal LGBTQ+, la creación de una unidad estatal permitiría ordenar programas, ampliar servicios, generar coordinación y evitar que los derechos dependan del municipio donde vive cada persona.
La secretaria general del Parlamento Estatal LGBTQ+ de Quintana Roo, Linger Méndez, informó que la iniciativa se encuentra en etapa de análisis y que se buscará presentarla ante el Congreso del Estado. También advirtió que el proceso podría enfrentar retrasos por el próximo periodo electoral y el cierre de la actual administración estatal, aunque confió en que la propuesta mantenga continuidad hasta su eventual aprobación.
Una agenda que busca dejar de ser coyuntural
El antecedente institucional también importa. En febrero de 2023, el Congreso de Quintana Roo dio lectura a la iniciativa para instituir el Parlamento para la Diversidad Sexual y de Género en el estado, dentro de la XVII Legislatura. Ese espacio fue planteado como una vía de representación y participación para llevar propuestas de la población diversa al ámbito legislativo.
Ahora, la nueva propuesta intenta avanzar un paso más: que el Parlamento no solo sea un foro de expresión, sino una plataforma capaz de empujar decisiones públicas permanentes. La diferencia es sustancial. Un parlamento ciudadano puede visibilizar problemas; una unidad estatal, si se diseña con atribuciones claras, presupuesto y mecanismos de coordinación, puede convertir esas demandas en acciones institucionales.
El contexto nacional refuerza la necesidad de mirar el tema como política pública. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del INEGI identifica a la población LGBTI+ como personas con orientación sexual o identidad de género no normativa o no convencional; además, estima que 5 millones de personas en México se autoidentifican como LGBTI+, equivalentes al 5.1% de la población de 15 años y más.
El reto será pasar del anuncio al cumplimiento
El Parlamento Estatal LGBTQ+ también continuará su agenda territorial. Su próximo encuentro está previsto para octubre en José María Morelos, con énfasis en la zona maya y el sur de Quintana Roo, regiones donde se han señalado mayores desafíos por falta de información y discriminación.
Ese componente territorial puede ser decisivo. Una política estatal de diversidad sexual no tendría sentido si se concentra únicamente en Cancún, Playa del Carmen o Chetumal. La verdadera prueba estará en llevar atención, orientación jurídica, programas de inclusión y acompañamiento institucional a comunidades donde hablar de diversidad aún implica barreras sociales, familiares y administrativas.
La propuesta abre una conversación necesaria para Quintana Roo: la inclusión no puede depender solo de marchas, conmemoraciones o voluntades municipales dispersas. Si la iniciativa prospera, el Congreso tendrá que revisar su viabilidad jurídica, su alcance administrativo y la forma en que se garantizará que no quede como una oficina decorativa.
Porque el desafío no es solo crear una Unidad Estatal de Diversidad Sexual. El verdadero punto será demostrar si Quintana Roo está dispuesto a convertir la diversidad en política pública, con reglas, responsabilidades y presencia real en todo el estado.
