Atenea Gómez Ricalde prometió revisar la actuación de dos de los funcionarios más importantes de su gobierno después de que empresarios de Isla Mujeres los señalaran públicamente por presuntos actos de extorsión administrativa.
Han pasado casi tres semanas desde aquel anuncio. Sin embargo, los funcionarios continúan en sus cargos y el Ayuntamiento no ha presentado públicamente un expediente, un plazo para concluir la revisión ni resultados que permitan saber qué encontró.
Por eso, la pregunta es inevitable: ¿por qué Atenea no actúa contra sus funcionarios señalados en Isla Mujeres?
No se trata de exigir una condena anticipada. Hugo Sánchez Montalvo y William Conrado Alarcón tienen derecho a defenderse y deben ser considerados inocentes mientras una autoridad no determine lo contrario. Pero la presunción de inocencia no impide que el gobierno municipal investigue, transparente sus procedimientos y adopte medidas para garantizar una revisión imparcial.
Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es anunciar que aclarará el caso y después dejar que el tiempo pase sin ofrecer respuestas.
Los funcionarios señalados siguen en el gobierno
Los señalamientos difundidos por Milenio apuntan contra Hugo Sánchez Montalvo, secretario general del Ayuntamiento, y William Conrado Alarcón, director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación.
Empresarios los acusaron públicamente de presuntamente utilizar áreas municipales, inspecciones, multas, permisos y clausuras como mecanismos de presión contra determinados negocios.
Estas acusaciones todavía deben ser investigadas y probadas. Hasta el momento no existe una resolución pública que declare responsables a los funcionarios. Pero tampoco existe información pública suficiente para confirmar que el gobierno de Atenea Gómez esté realizando una investigación administrativa formal.
Ambos servidores permanecen dentro de la estructura municipal y continúan ejerciendo las facultades correspondientes a sus cargos.
La permanencia de los funcionarios no acredita por sí misma una irregularidad. Sin embargo, obliga al Ayuntamiento a explicar cómo puede garantizar una revisión independiente si las personas señaladas conservan posiciones de influencia dentro de las áreas relacionadas con los hechos denunciados.
Atenea prometió revisar, pero no ha informado qué encontró
Después de que el caso alcanzó relevancia nacional, Comunicación Social del Ayuntamiento informó que la administración revisaría la actuación de los funcionarios señalados.
Carlos Enrique Gasca, director de Comunicación Social, declaró que la presidenta municipal era “la más interesada en aclarar este tema” y aseguró que la revisión aplicaría para cualquier funcionario.
La respuesta llegó, pero no directamente de Atenea Gómez. Fue transmitida mediante su equipo de Comunicación Social y, desde entonces, no se han presentado públicamente avances concretos.
El Ayuntamiento no ha informado:
- Si la Contraloría Municipal abrió una investigación formal.
- Si existe un número de expediente.
- Qué procedimientos están siendo revisados.
- Si los funcionarios señalados ya comparecieron.
- Qué documentos fueron examinados.
- Si se solicitó información a los empresarios.
- Qué medidas se adoptaron para evitar posibles conflictos de interés.
- Cuándo se conocerán las conclusiones.
Una revisión anunciada mediante una declaración pública no equivale necesariamente a una investigación administrativa.
Para acreditar que realmente existe un procedimiento, el gobierno municipal debería informar qué autoridad lo conduce, cuándo comenzó, cuál es su alcance y en qué plazo entregará resultados.
El caso que provocó el escándalo
Uno de los testimonios presentados públicamente fue el de Rigoberto Nava, responsable de un banco de materiales ubicado en la zona continental de Isla Mujeres.
El empresario aseguró que enfrentó clausuras y un cobro que, según su versión, rondaría los 20 millones de pesos. Sostuvo que las medidas comenzaron después de negarse a realizar pagos que consideraba irregulares.
El Ayuntamiento ofreció una versión distinta.
Soledad Che Celis, coordinadora general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, explicó que el establecimiento no contaba con diferentes permisos municipales relacionados con uso de suelo, ecología, Protección Civil y licencia de funcionamiento.
La funcionaria defendió la aplicación de sanciones, aunque reconoció que no conocía la cantidad total reclamada y que la cifra señalada por el empresario no constituía todavía una resolución oficial recogida por el interesado.
También existen vecinos que han respaldado la clausura debido a las afectaciones que, según sus testimonios, provocaban las explosiones, el polvo y el tránsito de camiones pesados en la zona.
Precisamente porque existen versiones enfrentadas, el asunto debe aclararse mediante documentos y no mediante declaraciones.
Es necesario revisar los permisos, las actas de inspección, las multas, las órdenes de clausura, sus fundamentos legales, los recursos interpuestos y cualquier comunicación sostenida entre empresarios y funcionarios.
Si las actuaciones fueron legales, el Ayuntamiento debe demostrarlo. Si se detectaron irregularidades, debe informar quiénes participaron y cuáles serán las consecuencias.
Claudia Sheinbaum pidió denunciar
El caso llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al ser cuestionada sobre las acusaciones, la mandataria pidió a los empresarios denunciar y acercarse al Gabinete de Seguridad para que los hechos puedan investigarse.
El mensaje es importante porque ofrece una vía externa al propio Ayuntamiento.
Quienes aseguren haber sido víctimas de presuntos cobros irregulares, amenazas administrativas, clausuras selectivas o exigencias indebidas deben tomarle la palabra a la presidenta de México.
Si cuentan con documentos, mensajes, grabaciones, comprobantes, actas, testimonios o cualquier otro elemento, deben presentarlos ante las autoridades correspondientes. Una acusación pública puede exhibir un problema, pero una denuncia formal acompañada de pruebas permite abrir una investigación y establecer responsabilidades.
También resulta indispensable que las autoridades federales ofrezcan condiciones de seguridad y confidencialidad. Si existe temor a represalias, deben habilitarse mecanismos para que empresarios y comerciantes puedan entregar información sin quedar expuestos.
Los empresarios no tienen que esperar al Ayuntamiento
La falta de resultados públicos de la administración municipal no debe impedir que los empresarios actúen.
Quienes sostengan haber sido víctimas ya no tienen que esperar indefinidamente a que el gobierno de Atenea Gómez investigue a integrantes de su propia estructura. Pueden acudir al Gabinete de Seguridad, presentar sus casos y solicitar la intervención de autoridades externas al municipio.
Pero también deben asumir la responsabilidad que implica realizar una acusación de esta gravedad: denunciar formalmente, aportar pruebas y sostener sus declaraciones ante las instituciones.
Si existen elementos, deben presentarse. Si no existen, también deberá aclararse.
Lo importante es impedir que el caso termine atrapado entre acusaciones mediáticas, respuestas políticas y silencio administrativo.
Atenea tiene que responder
No existen elementos públicos para afirmar que Atenea Gómez participó personalmente en los hechos señalados. Tampoco puede asegurarse que esté encubriendo a sus funcionarios.
Pero, como presidenta municipal, sí tiene una responsabilidad política y administrativa frente a lo que ocurre dentro de su gobierno.
Atenea debe explicar personalmente qué hizo después de prometer que el caso sería revisado.
Debe informar si existe una investigación, quién la realiza, qué procedimientos abarca y cuándo entregará resultados. También debe explicar por qué los funcionarios señalados continúan ejerciendo sus cargos y qué garantías existen para evitar que su posición interfiera en la revisión.
No se le está pidiendo que declare culpable a nadie sin pruebas. Se le está exigiendo algo mucho más elemental: que cumpla su promesa de aclarar el caso.
La revisión que nadie ha visto
El gobierno de Atenea Gómez tuvo la oportunidad de responder con transparencia desde el primer momento.
Pudo abrir un expediente, informar públicamente su número, establecer un plazo y comunicar avances. También pudo convocar a los empresarios, revisar cada procedimiento cuestionado y presentar documentos que demostraran la legalidad de las actuaciones municipales.
Hasta ahora, nada de eso ha sido informado públicamente.
Los funcionarios continúan en sus cargos. La investigación formal no aparece. Los resultados no se conocen y la alcaldesa no ha ofrecido personalmente una explicación completa.
Atenea prometió revisar, pero Isla Mujeres sigue esperando respuestas.
Por eso, mientras el Ayuntamiento guarda silencio, los empresarios tienen una alternativa: tomarle la palabra a Claudia Sheinbaum, acercarse al Gabinete de Seguridad y presentar formalmente sus pruebas.
Si las acusaciones son falsas, una investigación permitirá descartarlas. Si son verdaderas, permitirá identificar responsabilidades y evitar que las prácticas denunciadas continúen.
Lo que ya no resulta aceptable es mantener el caso en la incertidumbre.
La pregunta sigue abierta y le corresponde responderla a la presidenta municipal:
¿Por qué Atenea no actúa contra sus funcionarios señalados en Isla Mujeres?
