La revisión de MC en Quintana Roo tiene antecedentes concretos: una infracción de propaganda de Lidia Rojas, controversias partidistas y amonestaciones a Pech. Jalisco y Nuevo León añaden asuntos de gobierno que requieren investigaciones y controles propios.
El reconocimiento de abusos policiales en Jalisco y las contrataciones cuestionadas en Nuevo León colocan a Movimiento Ciudadano ante exigencias de rendición de cuentas. En Quintana Roo, la revisión de sus representantes también tiene documentos concretos: los expedientes de Lidia Rojas Fabro y José Luis Pech Várguez.
El contraste útil es sobre el cumplimiento de reglas y la capacidad de los controles para corregir faltas. Las responsabilidades y la gravedad de cada asunto deben establecerse por separado.
Lidia Rojas: una infracción confirmada sobre imágenes de menores
El 3 de abril de 2024, la Sala Regional Xalapa confirmó, en lo impugnado, una infracción atribuida a Lidia Esther Rojas Fabro por imágenes de menores en propaganda política. La sentencia SX-JE-41/2024 examinó una publicación de Instagram de noviembre de 2023.
Rojas sostuvo que el material correspondía a su trabajo como regidora y era propaganda gubernamental. El tribunal rechazó esa interpretación: determinó que había contenido político y que no se acreditaron los requisitos para difundir imágenes identificables de menores.
Se dio vista al órgano interno de control municipal. Esta revisión no verificó una sanción posterior de esa autoridad.
La sentencia local también declaró inexistentes otras conductas denunciadas, entre ellas promoción personalizada, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. No corresponde atribuirle esas faltas como probadas. [1]
El seguimiento exige conocer qué ocurrió después de la vista y qué medidas adoptó para cumplir las reglas de protección de la imagen de la niñez.
La controversia partidista requiere revisar cómo se decidieron las candidaturas
En febrero de 2022, Por Esto reportó acusaciones de nepotismo por una lista en la que Carlos Cardín Pérez, identificado por el medio como suegro de Rojas, aparecía primero y ella segunda entre aspirantes plurinominales. [2]
Rojas respondió que no era la lista definitiva ni representaba el orden de candidaturas, que la decisión correspondería a la Comisión Nacional y que las cuentas que difundían publicaciones en Twitter e Instagram no eran sus canales oficiales. [3]
Ese episodio permite examinar los procedimientos internos del partido. La información revisada no acredita por sí sola una designación irregular ni que Rojas contratara familiares con recursos públicos.
Su actuación como regidora también tiene un registro institucional: el Ayuntamiento documentó su participación como presidenta de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana en la presentación de un programa municipal anticorrupción. La evaluación de ese trabajo requiere acuerdos, seguimiento y resultados verificables. [4]
En septiembre de 2026 se informó de una medida cautelar para retirar publicaciones de sus redes, decisión que Rojas combatió. El 7 de octubre presentó una queja contra un consejero electoral, alegando censura y un posible conflicto de intereses. Una cautelar no equivale a una sentencia definitiva contra ella; su queja tampoco prueba responsabilidad del consejero. [15]
Pech: amonestaciones por propaganda, con alcances distintos
El 8 de junio de 2022, en SUP-JE-136/2022 y su acumulado, la Sala Superior confirmó una amonestación pública a Pech por calumnia y a MC por su deber de vigilancia. El asunto derivó de propaganda contra la entonces candidata Mara Lezama. La conducta fue calificada como levísima en la resolución local confirmada. [5]
El 22 de junio, en SUP-JE-138/2022 y su acumulado, confirmó otra resolución que amonestó a Pech y al partido por imágenes de menores en propaganda sin acreditar las autorizaciones correspondientes. [6]
En otro procedimiento, SRE-PSC-115/2022, sobre el promocional distinto “CONTRASTE VERDE Q ROO V2”, se determinaron inexistentes las infracciones denunciadas contra MC. No debe confundirse con el expediente anterior. [7]
Los fallos sobre menores permiten revisar cómo el partido supervisó su propaganda. No son acusaciones de violencia física contra niñas o niños.
Jalisco: el reconocimiento del gobernador exige seguimiento
La protesta por agua limpia del 11 de octubre en Guadalajara dejó detenciones y denuncias de agresiones. Lemus reconoció excesos policiales y detenciones injustas, anunció investigaciones y liberaciones, y afirmó que también hubo manifestantes violentos. [8]
El repartidor Samuel Morales Navarro denunció golpes, amenazas y el robo de sus herramientas de trabajo durante la detención. El 14 de octubre, Claudia Sheinbaum pidió una investigación profunda de la CNDH sobre las denuncias de tortura, las órdenes del operativo y sus responsables. [9, 10]
Jorge Álvarez Máynez reconoció excesos y respaldó la rectificación de Lemus, mientras acusó a Morena de aprovechar políticamente el caso. El seguimiento debe permitir conocer qué investigaciones avanzan, qué sanciones proceden y cómo se repara el daño. [11]
Nuevo León: aclarar las contrataciones
MCCI reportó al menos tres contratos de CODEFRONT con CEGESA, entre 2022 y 2023, por aproximadamente 110 millones de pesos. La empresa fue sancionada por Estados Unidos el 13 de octubre de 2026 por sus vínculos señalados con el Cártel del Noreste. [12, 13]
Luces del Siglo reportó posteriormente ocho contratos por 624.5 millones entre 2022 y 2025. Esta revisión no reconstruyó independientemente los ocho expedientes; esa cifra no debe sumarse a los 110 millones del primer reportaje. [14]
Las contrataciones reportadas preceden a la sanción. Corresponde esclarecer los procedimientos y controles de la administración de Samuel García. El hallazgo no acredita por sí solo responsabilidad penal del gobernador.
La rendición de cuentas también se exige dentro del partido
Los casos nacionales permiten examinar cómo MC responde cuando se cuestiona a sus gobiernos. Los expedientes de Rojas y Pech permiten revisar el cumplimiento de reglas por sus propios representantes.
No se encontró evidencia que vincule personalmente a ambos con el operativo de Jalisco o con CEGESA. Las faltas de propaganda, las controversias partidistas, los contratos y las denuncias de tortura no son intercambiables.
La exigencia común es verificable: seguimiento a los fallos, documentos sobre las decisiones partidistas, investigaciones de los abusos y revisión de las contrataciones. A Lidia corresponde examinarla por sus publicaciones, decisiones y resultados; a cada gobierno, por los actos bajo su responsabilidad.
