El caso Aguakan tiene una dificultad que no cabe en una consigna. Para una parte de la ciudadanía, la salida de la empresa representa una demanda acumulada durante años.
Aguakan opera servicios de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen. La propia empresa presenta su concesión como un modelo integral que cubre desde la extracción en pozos, potabilización, conducción y distribución, hasta la captación de aguas residuales, bombeo, tratamiento y reinyección al subsuelo. También reporta infraestructura como 221 pozos de captación, más de 3 mil 188 kilómetros de red de conducción y distribución de agua, 2 mil 099 kilómetros de red de drenaje sanitario, 814 plantas de tratamiento residual y 95 cárcamos de rebombeo.
No es solo sacar a una empresa, es sostener un servicio
El agua no admite pausas. Por eso, cualquier cambio de operador debe mirarse menos como un gesto político y más como una operación técnica, financiera y legal.
La disputa se mantiene en una ruta judicial. Reportes periodísticos señalan que Aguakan continuó operando al contar con suspensión definitiva frente al Decreto 195, aprobado a finales de 2023, mientras se resuelve el fondo del asunto. El Economista documentó que la concesionaria ha podido seguir prestando servicio en los cuatro municipios mientras avanza el juicio.
Mientras no exista una definición jurídica final, la discusión pública se mueve entre tres planos: la voluntad ciudadana expresada en la consulta, el proceso legal todavía abierto y la necesidad de mantener un servicio básico sin interrupciones.
La cifra que cambia la conversación
La posible terminación anticipada también abrió una discusión sobre indemnización. En enero de 2026, El Economista reportó que el gobierno federal analizaba la posibilidad de comprar la concesión y citó declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre una cifra cercana a 12 mil millones de pesos planteada en la mesa, monto que calificó como muy alto. En esa misma información se señaló que también se revisa el proceso mediante el cual se otorgó la extensión de la concesión.
La empresa, por su parte, publicó en febrero de 2025 que estaría dispuesta a una conclusión anticipada de la concesión si se realiza dentro del marco legal, con transparencia y una indemnización justa. En ese comunicado, Aguakan afirmó haber invertido 8 mil 865 millones de pesos en infraestructura hasta el 31 de diciembre de 2024, además de aportaciones, derechos e impuestos federales.
Ahí aparece la verdadera factura pendiente. No solo se trata de cuánto pide una parte o cuánto estaría dispuesto a pagar el Estado. Se trata de cómo se valúa una concesión.
La salida debe pensarse con plan, no con prisa
La consulta ciudadana de 2022 colocó el tema en el centro de la conversación pública. De acuerdo con 24 Horas Quintana Roo, habitantes de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres participaron en una consulta donde la mayoría votó por revocar la concesión, mientras el litigio posterior mantiene el caso en tribunales federales.
Recuperar una concesión de agua no es como cambiar de proveedor. Implica redes, plantas, pozos, cárcamos, usuarios, tarifas, cobranza, mantenimiento y obligaciones ambientales. Por eso, la factura pendiente de Aguakan no solo está en una cifra millonaria. Está en la necesidad de explicar cómo se podría cerrar una etapa sin abrir otra incertidumbre para miles de familias.
