Un trámite que debía ser gratuito aparece como el punto de entrada de una investigación por extorsión agravada que terminó con la detención del alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez, la funcionaria de Desarrollo Económico Karla Paola “N” y Jorge “N”. La Fiscalía de Quintana Roo sostiene que entre enero y mayo de 2026 una comerciante de Puerto Maya pasó de recibir indicaciones para regularizar su negocio a enfrentar pagos, amenazas y finalmente una cuota semanal.
Los tres fueron detenidos el 15 de octubre mediante órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Control. La acusación describe una secuencia en la que distintas personas habrían intervenido en momentos específicos: personal de la alcaldía canalizó a la comerciante hacia Desarrollo Económico; Karla Paola “N” aparece vinculada con documentos y pagos; Jorge “N” con las amenazas; y el nombre de Gilberto Gómez fue utilizado, según la investigación, para respaldar las exigencias. La responsabilidad penal de cada detenido deberá definirse dentro del proceso judicial
El primer pago apareció detrás de una supuesta regularización
La historia comienza a principios de 2026, cuando personal de la Alcaldía de Puerto Aventuras habría acudido a un negocio en Puerto Maya para indicarle a su propietaria que tenía que regularizarse y presentarse con Karla Paola “N”, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico.
El 19 de enero, de acuerdo con la indagatoria, la comerciante acudió con la funcionaria. Ahí habría recibido documentación para llenar y la exigencia de realizar un pago, acompañada de la advertencia de que podían retirarle su mercancía e impedirle vender si no entregaba el dinero.
La diferencia es sustancial porque la propia Fiscalía estableció que el formato señalado en ese procedimiento era gratuito. El expediente coloca así el origen del caso no en una cuota oficial elevada, sino en un pago que habría sido exigido alrededor de un trámite sin costo.
La comerciante no regresó inmediatamente a pagar. El 6 de febrero, según la investigación, dos mototaxis llegaron al establecimiento con varias personas. Entre ellas estaba Jorge “N”, quien habría advertido que los vendedores tenían que “reportarse” y atribuido esa instrucción a Gilberto Gómez. La Fiscalía le atribuye además amenazas de privación de la libertad y agresiones físicas si la víctima no acudía con Karla Paola “N”.
Del documento a una cuota que habría sido semanal
Cinco días después, el 11 de febrero, la víctima volvió a las oficinas. La investigación señala que llenó nuevamente un documento y realizó un pago. Según la versión ministerial, se le habría asegurado que ese documento le proporcionaría protección mientras Gilberto Gómez permaneciera en el cargo.
El siguiente cambio ocurrió el 7 de mayo. Jorge “N” habría regresado al negocio acompañado por otras dos personas en un mototaxi y exigido una cantidad adicional, pese al pago anterior. Esta vez ya no se trataba de una gestión única: la cantidad debía entregarse cada semana para evitar que fueran retirados del lugar y agredidos, de acuerdo con la Fiscalía. La víctima comenzó a realizar esos pagos desde esa fecha.
La secuencia permite entender la estructura que investiga la autoridad: un contacto administrativo, una exigencia económica ligada a un trámite gratuito, amenazas para forzar el cumplimiento y después un cobro recurrente. No son episodios aislados dentro de la versión ministerial, sino etapas sucesivas alrededor del mismo negocio y la misma víctima.
Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión. Los detenidos quedaron a disposición de un juez de Control, que deberá resolver su situación jurídica conforme avance el procedimiento.
