La propuesta presentada por Jorge Arturo Sanén Cervantes el 13 de octubre no plantea crear desde cero el derecho a la alimentación en Quintana Roo. Ese derecho ya está reconocido en la Constitución estatal. El cambio consiste en llevarlo directamente a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y convertirlo en obligaciones específicas para autoridades estatales y municipales.
La iniciativa agrega al catálogo de derechos la alimentación nutritiva, diaria, suficiente y de calidad y crea cuatro artículos dedicados a explicar qué implica para menores de edad. El documento fue turnado a la Comisión de Salud y Asistencia Social, por lo que todavía debe pasar por el proceso legislativo antes de convertirse en norma vigente
La diferencia está en el nivel de detalle. La Constitución de Quintana Roo reconoce desde 2025 que todas las personas tienen derecho a alimentos saludables, accesibles, asequibles y culturalmente adecuados, y obliga al Estado a impulsar políticas contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. La propuesta de Sanén busca aterrizar esa protección específicamente en la infancia y adolescencia.
La propuesta no se limita a reconocer el derecho a comer
El primer cambio sería incorporar una nueva fracción al artículo 12, donde la ley enumera los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahí aparecería expresamente el derecho a una alimentación nutritiva, diaria, suficiente y de calidad. La iniciativa añade además una nueva sección con los artículos 87 Bis, 87 Ter, 87 Quater y 87 Quinquies.
El artículo 87 Bis amplía la definición: los alimentos tendrían que ser también inocuos, culturalmente adecuados y acordes con las distintas etapas del desarrollo físico, mental, emocional y social. Para las autoridades, esto se traduciría en promover un acceso efectivo, permanente y sin discriminación.
El siguiente nivel está en las políticas públicas. El artículo 87 Ter propone que Estado y municipios diseñen y fortalezcan programas, estrategias y mecanismos institucionales sobre alimentación infantil, bajo principios como igualdad, inclusión, accesibilidad y atención prioritaria a menores en condiciones de vulnerabilidad.
Escuelas, salud y asistencia social entrarían en la obligación
La iniciativa también lleva el derecho a espacios concretos. El artículo 87 Quater señala a centros educativos, espacios de cuidado, asistencia social y salud como lugares donde deberán impulsarse hábitos de alimentación saludable y educación nutricional para prevenir malnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada.
El punto más específico aparece cuando existe desnutrición, inseguridad alimentaria o pobreza extrema. El artículo 87 Quinquies establece que las autoridades competentes deberán adoptar medidas prioritarias, oportunas y reforzadas cuando alguna circunstancia comprometa el acceso de una niña, niño o adolescente a una alimentación suficiente y de calidad.
Eso tampoco significa que la iniciativa ordene al Estado entregar alimentos gratuitamente a todos los menores. La propia exposición de motivos recupera criterios judiciales según los cuales madres, padres o tutores mantienen la responsabilidad primaria de proporcionar alimentación dentro de sus posibilidades, mientras al Estado le corresponde crear condiciones y mecanismos para garantizar el acceso cuando sea necesario.
La propuesta de Sanén busca, por tanto, pasar de un reconocimiento constitucional general a reglas específicas para la infancia: incorporar el derecho dentro de su propia ley, señalar dónde deben existir acciones preventivas y establecer una respuesta reforzada cuando la alimentación de un menor esté comprometida.
Si el Congreso la aprueba, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Fuentes: Congreso del Estado de Quintana Roo, iniciativa presentada el 13 de octubre de 2026 y Constitución Política estatal.
