Defender al ciudadano exige mucho más que llevarlo en el nombre. Movimiento Ciudadano tiene que demostrarlo cuando los señalamientos alcanzan a sus propios gobiernos y representantes.
En Jalisco, un hombre denunció golpes y amenazas después de una protesta por agua limpia. En Quintana Roo, una publicación periodística señaló un presunto acuerdo económico para no presentar denuncias contra un municipio. Son asuntos de distinta naturaleza, ocurridos en momentos diferentes. Los une una pregunta política: ¿qué hace un partido que se presenta como alternativa cuando le toca rendir cuentas?
Jalisco exhibió a MC
Teodoro Jesús Torres Valdez denunció que fue golpeado, pateado y amenazado tras ser detenido durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara. Según el testimonio publicado por Animal Político el 14 de octubre, personas encapuchadas lo llevaron al interior de Casa Jalisco y continuaron agrediéndolo cuando ya estaba esposado.
Su relato obliga a mirar más allá de las imágenes de los enfrentamientos. La exigencia de agua limpia es una demanda de la vida cotidiana. Ninguna actuación individual durante una protesta elimina la obligación de las autoridades de respetar los derechos de las personas detenidas.
El caso compromete políticamente al gobierno del emecista Pablo Lemus por la actuación de sus cuerpos de seguridad. Corresponde esclarecer quién intervino, qué órdenes recibió y qué responsabilidades se acreditan.
Lemus reconoció excesos; ahora debe haber resultados
El 13 de octubre, Lemus reconoció deficiencias en el operativo, uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. También anunció investigaciones y medidas de reparación del daño, según informó N+.
La revisión avanzó: el 15 de octubre, la Secretaría de Seguridad informó que 17 policías habían sido identificados por presuntas actuaciones fuera de los protocolos y citados ante Asuntos Internos. N+ reportó que la identificación se apoyó en el análisis de más de 200 videos.
Esas actuaciones deben dar resultados verificables. Reconocer los excesos compromete al gobierno a esclarecerlos, determinar responsabilidades y atender a quienes hayan sufrido daños. El seguimiento tiene que alcanzar a los mandos si las evidencias así lo justifican.
Para Movimiento Ciudadano, la congruencia también se juega ahí: en exigir a su propio gobierno el mismo rigor que reclamaría ante un gobierno adversario.
Quintana Roo: el señalamiento contra Lidia Rojas
En Quintana Roo, el cuestionamiento tiene otra naturaleza y otra fecha. El 3 de mayo de 2025, Comunica Sur publicó que Lidia Rojas Fabro habría negociado una compensación mensual superior a 121 mil pesos a cambio de no presentar denuncias legales contra el municipio. El medio atribuyó esa versión a fuentes internas. [4]
El texto consultado no adjunta documentación que permita corroborar de manera independiente ese presunto intercambio. Por eso, corresponde presentarlo como un señalamiento periodístico pendiente de acreditación.
La cifra merece una explicación sustentada. La documentación sobre remuneraciones podría aclarar cuánto percibía la regidora, bajo qué conceptos y con qué autorización. Para acreditar el presunto pacto, además, se necesitarían evidencias del acuerdo y de su finalidad.
Recibir una remuneración pública, por sí solo, no demuestra un pago por omitir denuncias. Esa diferencia es indispensable para que la fiscalización tenga sustento.
La exigencia también alcanza a MC en Quintana Roo
Lidia Rojas reafirmó públicamente su pertenencia a Movimiento Ciudadano en agosto de 2026, al rechazar versiones sobre una eventual incorporación a Morena. Su trayectoria y sus respuestas ante los cuestionamientos forman parte del escrutinio que alcanza a quienes representan al partido.
MC tiene la oportunidad de sostener su discurso de transparencia con documentos y explicaciones. Las preguntas relevantes son concretas: ¿qué ingresos estaban autorizados?, ¿qué pagos se realizaron?, ¿qué pruebas respaldan la acusación de un acuerdo para no denunciar?
La carga de acreditar ese supuesto pacto corresponde a quien lo afirma. A la representante pública le corresponde explicar sus remuneraciones y el ejercicio de sus funciones con información comprobable.
Dos asuntos distintos, una responsabilidad política
Una es una denuncia de violencia policial, en un contexto en el que el propio gobernador reconoció excesos. La otra, un señalamiento periodístico sobre un presunto acuerdo económico que requiere acreditarse.
Ambos asuntos exigen respuestas acordes con sus evidencias. En Jalisco, esclarecer las agresiones denunciadas y determinar responsabilidades. En Quintana Roo, contrastar la acusación con documentos y explicaciones de las partes.
En cualquiera de los dos casos, Movimiento Ciudadano demuestra de qué está hecho con la manera en que responde: con transparencia y exigencia de responsabilidades, o con evasivas.
Defender al ciudadano exige mucho más que llevarlo en el nombre.
