Samsung tiene abogados, especialistas y miles de millones de dólares para enfrentarse a una de las mayores navieras del mundo. Una micro o pequeña empresa mexicana no. Y esa desigualdad no termina en el empresario: muchas veces la terminamos pagando usted y yo.
Samsung Electronics America llevó ante la Federal Maritime Commission (FMC) una controversia contra CMA CGM por al menos 186 millones de dólares, relacionada con cargos y responsabilidades en el movimiento de sus contenedores desde 2020. La autoridad determinará quién tiene la razón, pero el caso abre una pregunta mucho mayor: si Samsung necesita semejante batalla para defenderse, ¿qué posibilidades tiene una PyME?
Los números explican la dimensión del problema. Las diez mayores navieras concentran alrededor del 85% de la capacidad mundial de contenedores; MSC, Maersk, CMA CGM y COSCO controlan cerca del 59%. No significa ilegalidad, pero sí una enorme concentración de poder de negociación.
Entre abril de 2020 y marzo de 2025, nueve grandes navieras reportaron ante la FMC aproximadamente 15,400 millones de dólares cobrados por demurrage y detention: cargos asociados al tiempo que mercancías o contenedores permanecen detenidos.
Estos cobros tienen sentido cuando alguien puede retirar o devolver su contenedor y no lo hace. El problema comienza cuando quiere hacerlo y no puede: terminal cerrada, puerto congestionado, falta de citas, ferrocarril detenido o circunstancias fuera de su control.
Mientras tanto, el reloj convierte horas en dólares.
Y existe una contradicción interesante: en julio de 2026 solo 56.4% de los portacontenedores llegó conforme a itinerario y los barcos retrasados acumularon, en promedio, 6.06 días de atraso.
No son responsabilidades jurídicamente equivalentes, pero vale preguntar: si al pequeño empresario cada día le cuesta dinero, ¿las reglas son igual de exigentes para todos?
Estados Unidos comenzó a responder. Desde la Ocean Shipping Reform Act fortaleció a la FMC y este septiembre reforzó nuevamente sus procedimientos de reclamación. En determinadas controversias por estos cargos existe un principio fundamental: la naviera debe demostrar que el cobro es razonable.
México debería estudiar seriamente ese modelo.
Porque la factura nunca se queda en el puerto.
México importó en 2025 alrededor de 664 mil millones de dólares en mercancías. Cuando aumentan fletes, almacenajes y cargos extraordinarios, alguien tiene que absorberlos: primero el importador; después pueden pasar al distribuidor, al comercio y finalmente a nuestro bolsillo.
El consumidor nunca encuentra una etiqueta que diga: “$5 adicionales por problemas con el contenedor”. Simplemente encuentra un producto más caro.
UNCTAD ha documentado cómo los shocks en los fletes marítimos pueden trasladarse a los precios. Y un estudio del FMI publicado este año encontró que 100 horas adicionales de retraso marítimo pueden elevar la inflación alrededor de medio punto porcentual en su momento de mayor impacto.
Para importar, logística cara significa mayores precios. Para exportar significa menor competitividad.
Y Quintana Roo tiene razones adicionales para preocuparse. Nuestra economía turística consume enormes cantidades de alimentos, bebidas, equipos, muebles, refacciones, materiales y mercancías provenientes del exterior.
Cuando esos productos llegan más caros, aumenta el costo del supermercado, restaurante y hotel. Y después sucede algo todavía más delicado: también encarecemos nuestro destino turístico frente a competidores internacionales.
No se trata de satanizar a las navieras. Invierten miles de millones, enfrentan combustible, clima, guerras, seguros, regulaciones y enormes riesgos. Deben ganar y ganar bien.
Pero el importador también debe sobrevivir, el exportador necesita competir y las familias necesitan conservar su poder adquisitivo.
México necesita un mecanismo especializado de protección al usuario del transporte marítimo: transparencia de cargos; detener el reloj cuando sea materialmente imposible retirar o devolver un contenedor por causas ajenas al usuario; reclamaciones rápidas; obligación de justificar cargos impugnados; y datos públicos sobre fletes, retrasos y cumplimiento.
No necesitamos navieras débiles. Necesitamos reglas fuertes y una cancha pareja.
Porque Samsung puede contratar abogados y pelear 186 millones de dólares.
El pequeño empresario probablemente tenga que pagar primero y defenderse después.
Y cuando éste ya no puede absorber otro costo, la factura continúa su viaje hasta llegar al consumidor.
Samsung puede defenderse.
La pregunta que México debe responder es mucho más cercana:
¿y quién nos defiende a nosotros?
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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