Una discusión familiar, una diferencia sobre la crianza o un episodio aislado no bastarían por sí mismos para modificar la relación jurídica entre madres, padres e hijos en Quintana Roo.
La iniciativa que estudia el Congreso coloca el umbral mucho más arriba: habla de conductas reiteradas que afecten gravemente la estabilidad emocional, psicológica o el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y deja su acreditación en manos de una autoridad judicial mediante pruebas y valoraciones especializadas.
Manipulación, hostilidad e intimidación entrarían en la valoración
La exposición de motivos ofrece ejemplos de las dinámicas que busca hacer visibles: manipulación persistente, hostilidad, intimidación, descalificación y utilización de los hijos dentro de conflictos entre adultos cuando produzcan consecuencias serias sobre su salud mental o bienestar afectivo.
Eso no significa que cualquiera de esas palabras se convierta automáticamente en motivo suficiente para separar a un menor de alguno de sus progenitores.
La propuesta añadiría al artículo 1022 del Código Civil de Quintana Roo una nueva fracción para considerar las conductas reiteradas que ocasionen una afectación grave. La decisión dependería de medios de prueba, circunstancias particulares y del interés superior de la niñez.
Aquí existe una precisión jurídica relevante: actualmente, el artículo 1022 regula los supuestos para privar de la custodia a quien ejerce la patria potestad. De hecho, la legislación vigente ya contempla daños físicos o emocionales que comprometan la salud, seguridad o bienestar del menor como motivo para modificar la custodia.
Una evaluación psicológica no decidiría el caso por sí sola
La reforma también permitiría que la persona juzgadora ordene valoraciones psicológicas, sociofamiliares, interdisciplinarias o de capacidades parentales cuando existan elementos que indiquen posibles afectaciones al desarrollo o seguridad psicoemocional del menor.
El propio proyecto señala que ningún dictamen sería determinante por sí mismo. Tendrían que analizarse conjuntamente pruebas, entorno familiar, dinámica de cuidado y circunstancias concretas antes de tomar una decisión.
Esto busca evitar que una acusación entre progenitores produzca automáticamente consecuencias jurídicas sin una valoración integral.
Patria potestad y custodia no significan lo mismo
La custodia determina principalmente con quién vive y quién atiende cotidianamente al menor. La patria potestad comprende un conjunto más amplio de derechos y obligaciones relacionados con crianza, protección y representación.
El Código Civil ya establece causales específicas para perder la patria potestad mediante resolución judicial, entre ellas determinados supuestos de violencia familiar reiterada, delitos contra la integridad de los hijos y abandono.
Por eso, la iniciativa que hoy analiza el Congreso no debe resumirse como “dañar emocionalmente a un hijo hará perder automáticamente la patria potestad”. Lo que propone es que las afectaciones psicoemocionales graves y persistentes tengan un reconocimiento más explícito en las decisiones judiciales sobre custodia y familia, acompañado de herramientas técnicas para acreditarlas.
Al 8 de septiembre de 2026, el proyecto continúa turnado a la Comisión de Justicia; todavía no forma parte de la legislación vigente.
