Volver a estudiar puede comenzar con una inscripción gratuita y, aun así, convertirse en una decisión difícil de sostener. Para una joven que dejó la escuela y ahora trabaja, cuida a un hijo o aporta dinero en casa, el costo no se limita a una colegiatura: aparece en cada traslado, examen, hora sin salario y gasto doméstico que debe reorganizar.
El Congreso de Quintana Roo turnó el 12 de agosto una iniciativa promovida por los diputados César Santiago Augusto Frías Canché y Alexa Murguía Trujillo para reformar la Ley de Educación estatal. La propuesta incorpora políticas con perspectiva de género y derechos humanos para prevenir y atender la deserción escolar de mujeres, adolescentes, niñas y niños. Todavía se encuentra en proceso legislativo y no constituye un apoyo disponible automáticamente.
La opción flexible también tiene una cuenta
Una alternativa para quienes no pueden regresar a un horario escolarizado es la Preparatoria Abierta de Quintana Roo, modalidad diseñada para iniciar, continuar o concluir el bachillerato con mayor flexibilidad. La inscripción puede realizarse durante el año y el trámite es gratuito; además, los estudios previos pueden reconocerse mediante equivalencia.
El plan modular contempla 22 materias. Los calendarios oficiales publicados para 2026 señalan un costo de 95 pesos por examen, con módulos de atención en Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. Una persona que tuviera que acreditar las 22 materias y aprobara cada evaluación en el primer intento desembolsaría 2 mil 90 pesos únicamente en exámenes. La cantidad puede disminuir si obtiene equivalencias o aumentar si necesita repetir alguna prueba.
A esa cifra deben agregarse guías, copias, conexión a internet, traslados hacia los módulos y tiempo de estudio. La flexibilidad permite conservar un empleo, pero no elimina el esfuerzo económico.
El transporte convierte la permanencia en un gasto mensual
Para quien regresa a una escuela presencial en Cancún, el transporte puede superar rápidamente el costo administrativo.
La tarifa urbana que continuaba reportándose era de 9.50 pesos por viaje, mientras cualquier modificación permanecía en pausa durante 2026. Con un solo autobús de ida y otro de regreso, durante 20 días de clases, el gasto alcanza aproximadamente 380 pesos mensuales. Cuando se necesitan dos unidades en cada trayecto, la cuenta sube a unos 760 pesos al mes.
Durante un ciclo de diez meses, eso representa entre 3 mil 800 y 7 mil 600 pesos, sin contar materiales, alimentos fuera de casa o viajes adicionales para realizar trámites.
En hogares con niñas o niños pequeños aparece otra erogación: conseguir quién cuide de ellos durante clases, asesorías y traslados. Para una joven que trabaja, también puede existir un costo menos visible: las horas laborales que debe reducir para asistir o estudiar.
La reforma reconoce la barrera, pero todavía no fija el apoyo
La iniciativa modifica el artículo 105 para priorizar becas y apoyos económicos entre estudiantes con condiciones socioeconómicas que dificulten su derecho a la educación. También ordenaría diseñar políticas diferenciadas para atender la deserción escolar. El documento, sin embargo, no establece montos, periodicidad, reglas de acceso ni una partida presupuestaria específica.
Su aportación está en reconocer que la permanencia escolar no depende únicamente de voluntad personal. La desigualdad económica, los cuidados, el trabajo y distintas formas de violencia pueden convertirse en barreras para acceder, permanecer y concluir los estudios.
Para una joven de Quintana Roo, volver a estudiar puede costar desde 95 pesos por el siguiente examen hasta varios miles durante un ciclo escolar. La diferencia depende de la modalidad, los estudios que pueda acreditar, la distancia, sus responsabilidades familiares y el tiempo que tenga disponible.
La reforma puede crear una base jurídica más precisa. Convertirla en una segunda oportunidad exigirá que los apoyos posteriores alcancen los gastos que realmente deciden si una estudiante vuelve y consigue permanecer.
