El alcance real de dos reformas de salud

Las dos iniciativas fueron leídas durante la Comisión Permanente del Congreso.

Una familia que busca donadores de sangre no encontraría en estas reformas un nuevo banco, una campaña adicional o un plazo más corto para obtener unidades. Una persona expuesta al humo de tabaco tampoco recibiría un mecanismo distinto de denuncia, más inspecciones o sanciones adicionales.

Las dos iniciativas leídas el 3 de agosto de 2026 ante la Comisión Permanente del Congreso de Quintana Roo llevan títulos sanitarios, pero su propósito central es otro: introducir lenguaje incluyente y perspectiva de género en leyes donde todavía predominan expresiones masculinas. Ambas fueron presentadas por el diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes y continúan dentro del proceso legislativo; su lectura no equivale a una aprobación.

Donadores pasarían a ser personas donadoras

La primera iniciativa modifica la Ley para el Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria de Sangre. Cambia expresiones como “pacientes” por “personas pacientes”, “donador” por “persona donadora”, “titular” por “persona titular” y “habitantes” por “personas habitantes”. También renombra el Registro Estatal de Donadores como Registro Estatal de Personas Donadoras Voluntarias de Sangre.

El ajuste reconoce expresamente a mujeres y hombres dentro de las funciones, derechos y responsabilidades reguladas. La exposición de motivos sostiene que nombrar a las mujeres fortalece la igualdad jurídica y evita que el masculino genérico continúe como fórmula dominante.

Sin embargo, el Programa Estatal, el registro de donadores, las campañas, los estudios municipales y las evaluaciones periódicas ya forman parte de la legislación vigente. La propuesta conserva esas estructuras y modifica la forma de nombrar a sus participantes, pero no incorpora centros de captación, unidades móviles, estímulos, indicadores nuevos ni recursos presupuestales.

En términos prácticos, una persona que necesite sangre seguiría dependiendo de la capacidad existente, las campañas disponibles y la participación voluntaria. La reforma podría modernizar la redacción legal, aunque no aumentaría por sí misma la cantidad de unidades recolectadas.

Los proyectos modifican principalmente la manera de nombrar a las personas.

La protección contra el humo conservaría sus mecanismos actuales

La segunda propuesta reforma la Ley de Protección a la Salud de las Personas no Fumadoras. Sustituye palabras como “fumador”, “director”, “conductor”, “servidor público”, “infractor” e “inspector” por fórmulas como persona fumadora, persona directora, persona conductora, persona servidora pública, persona infractora y persona inspectora.

La iniciativa mantiene las reglas existentes sobre responsables de establecimientos, señalización, avisos a la autoridad, verificaciones, procedimientos administrativos y sanciones. Tampoco añade metas de inspección, tiempos de respuesta para denuncias, personal especializado o un sistema público de resultados.

Un elemento relevante es que la redacción propuesta conserva disposiciones estatales sobre áreas para fumar dentro de lugares cerrados. El marco federal vigente establece que los espacios cerrados, centros de trabajo, transporte público, escuelas y lugares con acceso al público deben ser cien por ciento libres de humo y emisiones, mientras las zonas para fumar sólo pueden ubicarse al aire libre.

Por ello, una etapa posterior del análisis legislativo podría armonizar el texto estatal con la regulación federal más reciente, además de actualizar su lenguaje.

Una reforma jurídica y una reforma operativa no producen lo mismo

Cambiar la manera en que una ley nombra a las personas tiene valor institucional: visibiliza, incluye y corrige fórmulas heredadas. Su efecto, no obstante, pertenece principalmente al terreno normativo.

Una reforma operativa necesitaría traducirse en presupuesto, servicios, metas, plazos, personal, inspecciones o resultados verificables. Ninguno de esos componentes aparece incorporado como obligación nueva en los proyectos revisados.

Si ambas iniciativas se aprueban en sus términos actuales, Quintana Roo tendrá dos leyes con lenguaje más incluyente. Los bancos de sangre, las campañas de donación y la vigilancia de espacios sin humo continuarían funcionando mediante los instrumentos que ya existen.

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