La Comisión Permanente del Congreso de Quintana Roo recibió dos propuestas distintas durante su sesión del 27 de julio. Una plantea actualizar el lenguaje de la Ley de Prevención del Delito para hacer visible la participación de las mujeres; la otra pretende intervenir una cadena mucho más cotidiana: lo que ocurre con cada residuo desde que se genera hasta que es recolectado.
Esta segunda iniciativa fue promovida por Cristian Jesús Magaña Mex mediante el mecanismo de participación ciudadana. No llega desde una bancada, una dependencia o un ayuntamiento. Nace fuera del Congreso y busca reformar, adicionar y eliminar disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos de Quintana Roo.
El dato menos visible no está solamente en su contenido ambiental. Está en el recorrido que comienza ahora: comprobar si una propuesta ciudadana puede superar el turno a comisiones, recibir ajustes técnicos y llegar al pleno con posibilidades reales de modificar la ley.
La reforma quiere entrar en hogares y establecimientos
La iniciativa propone que la legislación sea más comprensible para quienes generan residuos todos los días. Su propósito incluye aclarar conceptos, simplificar procedimientos y estandarizar los procesos de administración, separación y recolección de residuos.
Eso trasladaría la economía circular desde los grandes discursos ambientales hacia acciones domésticas y comerciales. Un hogar necesitaría reconocer qué tipo de residuo produce; un establecimiento tendría que conocer sus obligaciones; y los sistemas de recolección podrían operar con categorías comunes.
La propuesta también busca fortalecer la colaboración entre ciudadanía e instituciones sin reducir la seguridad jurídica de las personas obligadas por la ley. El equilibrio será importante: una norma sencilla debe explicar con precisión qué se exige, quién debe cumplirlo y cómo se determina una infracción.
La legislación estatal de residuos fue expedida en 2019 y posteriormente recibió modificaciones en 2022 y 2023, entre ellas disposiciones relacionadas con envases y embalajes. Ese historial muestra que se trata de un marco todavía en construcción, sujeto a cambios conforme aparecen nuevas necesidades ambientales y productivas.
Presentar una iniciativa es apenas la primera mitad
La iniciativa ciudadana permite que habitantes de Quintana Roo presenten propuestas para modificar leyes y contribuir a la atención de problemas de interés general. El Congreso incluso reformó el procedimiento en 2019 para hacerlo más sencillo y accesible.
Sin embargo, recibir una propuesta no equivale a aprobarla. La iniciativa ambiental fue enviada a las comisiones legislativas, donde deberá revisarse su redacción, compatibilidad con otras normas, viabilidad operativa y posibles efectos sobre hogares, empresas y prestadores de servicios.
En esa etapa pueden modificarse artículos, eliminarse disposiciones o integrarse observaciones técnicas. El resultado final puede conservar la intención original, transformarla o concluir que algunos cambios ya están contemplados en la legislación vigente.
El verdadero indicador de participación será la trazabilidad del expediente: fecha de reuniones, instituciones consultadas, modificaciones incorporadas y eventual dictamen.
Dos iniciativas muestran diferentes formas de cambiar una ley
La propuesta presentada por Jorge Sanén Cervantes modifica la Ley de Prevención del Delito mediante lenguaje incluyente. Su propósito es reconocer expresamente a las mujeres dentro del marco normativo y de la vida pública estatal.
La iniciativa ciudadana ambiental trabaja en otra escala. Busca intervenir procedimientos, obligaciones, conceptos y formas de colaboración alrededor de los residuos. Una actualización modifica la representación dentro del texto legal; la otra podría alterar operaciones cotidianas.
Ambas ingresaron por la misma puerta legislativa y deberán recorrer el análisis de comisiones. La diferencia estará en el tipo de impacto que produzcan cuando termine el proceso.
La propuesta sobre residuos ya logró algo poco habitual: trasladar una preocupación ciudadana hasta la agenda formal del Congreso. Su éxito no se medirá por haber sido leída, sino por su capacidad para convertirse en reglas claras, aplicables y comprensibles para quienes generan residuos en Quintana Roo.
