El acceso al trabajo empieza antes de llegar a una entrevista. Empieza en la primera línea de una vacante: disponibilidad total, movilidad propia, excelente presentación, cargar peso, estar de pie toda la jornada, comunicación verbal constante, manejo de plataformas digitales o experiencia previa inmediata.
En Quintana Roo, donde la economía turística depende de hoteles, restaurantes, comercios, transporte, entretenimiento y servicios, esos requisitos pueden funcionar como filtros silenciosos para personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial o múltiple. El punto no es reducir estándares laborales, sino distinguir entre lo indispensable para desempeñar un puesto y aquello que puede ajustarse sin afectar la operación.
El tema llegó al Congreso local mediante una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, presentada por el diputado Hugo Alday Nieto y registrada en la lista oficial de iniciativas de la XVIII Legislatura.
La vacante también puede ser una barrera
Una empresa puede tener rampas, elevador o acceso físico adecuado, pero mantener procesos de contratación poco accesibles. Formularios digitales incompatibles con lectores de pantalla, entrevistas sin interpretación en lengua de señas, pruebas estandarizadas sin ajustes, horarios inflexibles o descripciones de puesto demasiado amplias pueden cerrar la puerta antes del primer contacto humano.
El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2026, reconoce que las barreras laborales no son solo arquitectónicas. También son tecnológicas, comunicacionales, actitudinales, educativas y de formación para el trabajo.
Esa diferencia importa para Quintana Roo. En el turismo, muchas posiciones se diseñan bajo rutinas intensas: turnos extendidos, trato directo con visitantes, desplazamiento entre áreas, uso de sistemas internos, idiomas, uniforme, estándares de imagen y respuesta rápida. Varias de esas tareas pueden mantenerse con ajustes razonables, redistribución de funciones, capacitación, apoyos técnicos o rediseño del entorno laboral.

El empleo accesible se mide en contratación, permanencia y ascenso
México tiene una brecha laboral documentada. La ENADID 2023 reportó 8.8 millones de personas con discapacidad en el país, equivalentes al 7.2% de la población de 5 años y más; de ellas, 53.5% eran mujeres y 46.5% hombres.
El mismo programa nacional señala una diferencia fuerte en participación económica: 68% entre personas sin discapacidad frente a 40.6% entre población con discapacidad. Además, cita que solo cuatro de cada nueve personas con discapacidad acceden a un trabajo remunerado, de acuerdo con el prontuario de resultados de la ENADIS 2022 publicado por Conapred.
El dato empresarial también muestra el tamaño del campo por abrir. Los Censos Económicos 2024 del INEGI registraron que, en 2023, 101 mil 184 unidades económicas contrataron personal con algún tipo de dificultad o imposibilidad para realizar actividades, lo que representó apenas 1.9% del total nacional.
Por eso, una política de inclusión laboral necesita observar tres momentos: quién puede postularse, quién consigue el empleo y quién logra permanecer y ascender. Una vacante accesible no termina en la contratación; continúa en capacitación, seguridad social, comunicación interna, movilidad dentro del centro laboral, evaluación de desempeño y posibilidad de crecimiento.
Quintana Roo puede mirar la inclusión desde su fuerza turística
El Caribe mexicano tiene una oportunidad especial: convertir su capacidad de servicio en una cultura laboral más amplia. Hoteles, restaurantes, plazas, agencias, centros de entretenimiento, transporte y servicios administrativos pueden revisar sus vacantes con criterios de accesibilidad desde el origen.
Eso implica precisar funciones esenciales, retirar requisitos innecesarios, informar condiciones del espacio, ofrecer formatos accesibles de postulación, capacitar reclutadores y construir rutas de incorporación por tipo de puesto. La NOM-034-STPS-2016 sobre condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad aparece en el programa nacional como una herramienta para avanzar hacia centros laborales seguros y accesibles.
La iniciativa en el Congreso coloca el tema en una ruta institucional. El valor público estará en llevarlo al terreno donde se decide la inclusión cotidiana: la vacante publicada, el filtro de reclutamiento, la entrevista, el ajuste razonable y la permanencia laboral.
En Quintana Roo, el empleo accesible no solo significa abrir espacios. Significa que una persona con discapacidad pueda leer una vacante, postularse, llegar a entrevista, demostrar capacidad, trabajar con apoyos adecuados y construir futuro dentro de la economía que sostiene al estado.





