La reforma judicial de Quintana Roo entró en una etapa de corrección obligada. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo modifica una parte del diseño aprobado por el Legislativo local; también obliga a revisar cómo quedará la renovación de magistraturas, qué artículos deberán armonizarse y hasta dónde puede llegar el Congreso cuando adapta una reforma nacional al marco estatal.
El punto más visible está en las magistraturas encabezadas por Heyden Cebada Rivas y Ana Mercedes Castillo Carvajal. La Corte invalidó la disposición que abría la puerta para prolongar su permanencia hasta 2033, por lo que la renovación deberá alinearse con el nuevo modelo de elección judicial previsto para 2028, según el monitoreo editorial de Comunicación Viral.
Reforma judicial de Quintana Roo entra a corrección obligada
La Suprema Corte declaró inconstitucional una parte de la reforma judicial local que permitía extender hasta 2033 el periodo de algunas personas magistradas del Poder Judicial de Quintana Roo. La resolución deriva de las acciones de inconstitucionalidad 99/2025 y 100/2025, promovidas por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra disposiciones del Decreto 134.
La parte anulada corresponde al cuarto párrafo del artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional local publicada el 13 de enero de 2025. Esa porción permitía ampliar la permanencia de magistraturas numerarias cuyos periodos concluían después de los procesos electorales judiciales de 2025 y 2027. Para la Corte, esa fórmula chocaba con el modelo federal que ordena la renovación mediante voto ciudadano.
En términos prácticos, la sentencia obliga al Congreso de Quintana Roo a retirar la ruta que llevaba ciertas magistraturas hasta 2033 y a construir una salida compatible con la elección judicial de 2028. No se trata de una modificación cosmética. El Legislativo deberá ajustar plazos, procedimientos y facultades para que el sistema local no se aparte de la Constitución federal.
Qué deberá cambiar el Congreso local
El primer cambio será eliminar el soporte jurídico de la prórroga hasta 2033. Esa ampliación quedó sin efecto, por lo que la XVIII Legislatura tendrá que armonizar la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial con los criterios fijados por la Suprema Corte.
El segundo ajuste estará en la renovación de las magistraturas. De acuerdo con reportes sobre la sentencia, Heyden Cebada Rivas y Ana Mercedes Castillo Carvajal continuarían en funciones de manera transitoria para no interrumpir el servicio de justicia, pero sus cargos deberán quedar dentro del proceso de renovación vinculado a 2028.
El tercer punto involucra las atribuciones internas del Tribunal Superior de Justicia. La Corte también invalidó facultades relacionadas con la organización de salas, circuitos judiciales, cambios de adscripción y duración de cargos, al considerar que esas decisiones corresponden al Órgano de Administración Judicial y no al Pleno del Tribunal.
El ajuste no termina en las magistraturas
La resolución también alcanzó otros nombramientos y mecanismos internos. En reportes locales se menciona la invalidez de designaciones vinculadas con el Tribunal Unitario para Adolescentes, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, por no ajustarse al nuevo esquema federal de elección y organización judicial.
Por eso, el cambio no puede limitarse a una frase transitoria. La reforma judicial de Quintana Roo deberá rehacerse en partes sensibles: permanencia de magistraturas, integración de órganos, reglas de presidencias, competencias administrativas y preparación del proceso electoral judicial.
La respuesta política del Congreso de Quintana Roo
El coordinador de Morena en la XVIII Legislatura, Jorge Sanén Cervantes, confirmó que el Congreso ya recibió la notificación de la sentencia y que el área jurídica trabaja en las adecuaciones. También señaló que la permanencia no podrá llegar a 2033 y que el proceso deberá encaminarse hacia 2028, año en el que las magistraturas y jueces deberán quedar sujetos al nuevo modelo de voto ciudadano.
El Congreso no solo debe cumplir una sentencia; también debe explicar con claridad qué artículo cambiará, qué pasará con las personas juzgadoras actuales y cómo se evitará que la corrección parezca una nueva prórroga disfrazada.
La elección judicial de 2028 marca el nuevo límite
El año 2028 aparece como el punto de llegada para la renovación pendiente. La elección judicial de 2028 no será un detalle administrativo, sino el filtro que obligará a ordenar cargos, periodos y procedimientos. La Corte dejó claro que las reformas estatales deben respetar la Constitución federal y que las excepciones locales no pueden vaciar el mandato de renovación por voto popular.
En ese escenario, el Congreso tendrá que caminar con cuidado. Si corrige poco, puede mantener zonas de conflicto constitucional. Si corrige mal, puede abrir otra impugnación. Si corrige con claridad, puede convertir una llamada de atención nacional en una oportunidad para ordenar el Poder Judicial estatal.
