La recuperación de las banquetas de Tulum comenzó en La Veleta, una de las zonas con mayor número de reportes por comercios, talleres y estructuras que ocupan espacios destinados al tránsito peatonal. El despliegue está previsto para continuar en el centro y otros sectores del municipio.
La escena más visible es el retiro del puesto. Sin embargo, detrás existe una ruta administrativa que determina qué sucede con la mercancía, cuánto tiempo puede permanecer resguardada y si el comerciante tiene condiciones para regularizarse o solicitar otro espacio.
El retiro comienza con un acta de inspección
El procedimiento municipal establece que el inspector debe revisar documentos y verificar las condiciones del comercio. Cuando detecta un incumplimiento, elabora un acta de inspección, entrega una copia al comerciante y registra el resultado de la visita. Esta documentación permite distinguir entre una ocupación sin permiso, una infracción corregible y una actividad que debe suspenderse.
El Reglamento para el Comercio en la Vía Pública de Tulum contempla varias medidas: amonestación, multa, reubicación, suspensión, revocación del permiso, retiro de la estructura y aseguramiento de mercancía. La aplicación depende de la gravedad de la infracción, las circunstancias del caso, la capacidad económica del comerciante y su disposición para corregirla.
Cuando la actividad representa una afectación para la seguridad, la comodidad o el paso de las personas, puede ordenarse la suspensión inmediata. Si el comerciante no retira sus bienes, estos pueden trasladarse a las instalaciones designadas para su almacenamiento.
La mercancía retirada tiene un plazo de diez días
Cuando un puesto y sus productos son remitidos a un depósito, el propietario dispone de diez días para recuperar la mercancía y los materiales. Cumplido ese periodo, los bienes pueden considerarse abandonados y seguir el procedimiento previsto en las disposiciones fiscales municipales.
Las mercancías perecederas reciben un tratamiento distinto. El reglamento permite ponerlas a disposición de una institución benéfica para evitar su desperdicio. También establece que una multa no impide la devolución de los artículos recogidos, siempre que estos tengan procedencia lícita.
El comerciante puede promover un recurso de revisión contra la resolución municipal. Esta vía permite examinar el acta, la sanción aplicada y la actuación administrativa antes de que la determinación quede firme.
La reubicación existe pero no ocurre automáticamente
El reglamento reconoce la reubicación de vendedores como una medida posible y señala que los permisos para utilizar la vía pública son provisionales. Esto significa que ocupar durante años un punto no genera propiedad sobre la banqueta ni garantiza permanecer indefinidamente en el mismo lugar.
Tampoco existe una reubicación automática para todas las personas retiradas. Quien busque continuar trabajando en la vía pública debe presentar una solicitud, acreditar su actividad y esperar la evaluación del Comité Dictaminador, que cuenta con un plazo de hasta 30 días naturales para analizar el expediente. Si recibe autorización, deberá cubrir el derecho de uso de piso antes de obtener el permiso.
La información difundida sobre el operativo no detalla hasta ahora un programa general de nuevos espacios para quienes sean retirados. El reglamento sí permite construir una ruta individual a partir del padrón de comerciantes, donde deben registrarse titular, giro, ubicación, superficie, días, horarios y tarifa autorizada.
El ordenamiento puede ir más allá del desalojo de una banqueta. Un censo actualizado, resoluciones por escrito y opciones de regularización para los casos viables permitirían combinar movilidad peatonal, accesibilidad y continuidad económica. El resultado más útil será una calle despejada que también ofrezca certeza sobre lo que cada comerciante puede hacer después.
