Antes de conocer los nombres de quienes integrarán el nuevo Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, habrá que pasar por un primer filtro que puede resultar determinante: elegir a las cinco personas responsables de evaluar y nombrar posteriormente a sus integrantes.
El Congreso de Quintana Roo tenía programada para el 7 de agosto una reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para atender asuntos relacionados con la convocatoria mediante la cual se conformará esa Comisión de Selección. No se trata todavía de escoger directamente a los integrantes del CPC, sino de definir a quienes realizarán esa elección.
Quién puede participar en el primer filtro
La reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, publicada el 23 de junio de 2026, establece que la Comisión de Selección estará integrada por cinco personas. Para su conformación deben considerarse al menos tres propuestas provenientes de instituciones de educación superior o investigación y dos de organizaciones de la sociedad civil, además de garantizarse la paridad de género.
Los perfiles deben contar con experiencia o conocimientos en transparencia, finanzas, políticas públicas, rendición de cuentas, fiscalización, participación ciudadana o combate a la corrupción. También existen candados: durante los dos años previos a la designación no pueden haber ocupado determinados cargos públicos, haber sido candidatos a un puesto de elección popular o dirigentes partidistas.
La legislación obliga además a que quienes cumplan los requisitos sean entrevistados públicamente. Después, la Comisión Anticorrupción del Congreso deberá presentar ante la Legislatura la relación de aspirantes que reúnen las condiciones para realizar las designaciones. El cargo dentro de la Comisión de Selección será honorífico.
Este paso es especialmente relevante porque esas cinco personas no serán únicamente observadores del procedimiento: tendrán posteriormente la facultad de abrir una nueva convocatoria, revisar perfiles y elegir a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Qué pueden hacer realmente los cinco integrantes del CPC
El nombre puede sonar técnico, pero las funciones del Comité de Participación Ciudadana tienen efectos concretos. La ley lo concibe como el vínculo del Sistema Estatal Anticorrupción con organizaciones sociales y académicas y establece que estará integrado por cinco personas.
Entre sus atribuciones se encuentra acceder, mediante la Secretaría Ejecutiva, a información generada por el Sistema Estatal; proponer mejoras a mecanismos de denuncia y queja; impulsar herramientas para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de posibles faltas administrativas; plantear indicadores para medir las políticas contra la corrupción y canalizar peticiones ciudadanas hacia instituciones como la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
También puede solicitar que el Comité Coordinador emita exhortos públicos cuando un posible hecho de corrupción requiera una aclaración de las autoridades. Esto no significa que el CPC pueda investigar delitos, imponer sanciones o sustituir a una fiscalía, pero sí le concede una posición para introducir asuntos ciudadanos en el funcionamiento del sistema.
La renovación tendrá plazos y nombramientos escalonados
La reforma de junio estableció que, una vez designada y publicada oficialmente la nueva Comisión de Selección, ésta tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles para emitir la convocatoria destinada a escoger a los nuevos integrantes del CPC.
El procedimiento deberá hacer públicos el método de evaluación, la lista de aspirantes, versiones públicas de los documentos entregados y el cronograma de audiencias. La decisión final deberá realizarse en sesión pública por mayoría de quienes integren la Comisión de Selección.
Además, por tratarse de la renovación derivada de la reforma de 2026, los cinco primeros nombramientos tendrán periodos escalonados de uno, dos, tres, cuatro y cinco años, respectivamente. Con ello se busca evitar que todos los integrantes terminen su encargo al mismo tiempo.
Por eso, el paso que actualmente ocurre en el Congreso no es únicamente la integración de otra comisión. Las cinco personas elegidas en esta primera etapa terminarán decidiendo quién ocupará la representación ciudadana dentro del Sistema Anticorrupción durante los próximos años, por lo que los perfiles, las entrevistas públicas y los criterios utilizados para evaluarlos serán la parte central del proceso a seguir.
