Mientras nueve delfines enfermos esperan en Cancún, Quintana Roo prepara un santuario en Cozumel

Nueve delfines permanecen dentro de un delfinario clausurado en Cancún. Entre ellos habría ejemplares con problemas oculares, ceguera parcial, afectaciones dentales y enfermedades graves; un reportaje de TV Azteca, basado en denuncias de organizaciones y fuentes atribuidas a la propia empresa, señala incluso un posible cáncer avanzado con metástasis en Mincho, el delfín convertido en símbolo de la reforma que puso fin al negocio de los espectáculos con mamíferos marinos.

La autoridad federal rechaza que estén abandonados. Asegura que reciben alimento, atención veterinaria y monitoreo del agua. Pero existe un hecho que ninguna versión puede borrar: casi diez meses después de la clausura de Dolphin Discovery Cancún, los nueve animales continúan dentro de las mismas instalaciones y no se ha dado a conocer públicamente una ruta individual de reubicación, un calendario ni su destino definitivo.

En medio de esa espera, Quintana Roo prepara una respuesta que podría cambiar la historia del cautiverio marino en México: un santuario en Cozumel para recibir delfines y otros mamíferos retirados de los espectáculos, brindarles atención especializada y permitirles vivir en un entorno más próximo al mar, sin acrobacias ni interacciones turísticas pagadas.

El proyecto abre una posibilidad histórica. También obliga a formular una pregunta urgente:

¿El santuario estará listo a tiempo para los nueve delfines de Cancún?

El anuncio nace en medio de una crisis imposible de ignorar

El secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, confirmó que el Gobierno estatal trabaja en el proyecto y que la propuesta sería presentada oficialmente por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El santuario estaría ubicado en Cozumel y, de acuerdo con el funcionario, buscaría convertirse en el primero de su tipo en América Latina. Su propósito sería ofrecer un espacio digno a delfines cautivos que presentan afectaciones y que no pueden ser liberados en mar abierto, pero que tampoco deberían continuar bajo un modelo de entretenimiento.

La iniciativa no puede presentarse todavía como una solución consumada. No se conocen públicamente la ubicación exacta, capacidad, diseño técnico, presupuesto, fuente de financiamiento, operador ni fecha de apertura. También necesitará estudios ambientales, permisos federales, protocolos veterinarios y reglas precisas para decidir qué ejemplares pueden ser trasladados.

Tampoco existe evidencia pública de que el proyecto haya nacido directamente por el caso de Dolphin Discovery Cancún. Sin embargo, su anuncio llega en medio de una creciente presión social por el destino de los delfines cautivos y adquiere una urgencia especial frente a la situación de los nueve animales asegurados.

El contraste es contundente: mientras el estado anuncia la posibilidad de un retiro digno en el mar, nueve delfines enfermos siguen esperando dentro de un parque clausurado.

Ceguera, problemas dentales y un posible cáncer: lo que se ha denunciado

El 30 de julio de 2026, TV Azteca difundió un reportaje sobre las condiciones de los nueve ejemplares. La publicación refiere problemas oculares, ceguera, padecimientos dentales y enfermedades avanzadas. En el caso de Mincho, atribuye a fuentes de Dolphin Discovery la versión de que padecería cáncer avanzado con metástasis.

Se trata de señalamientos graves que deben ser investigados y transparentados. No obstante, hasta ahora Profepa no ha publicado expedientes clínicos individualizados que permitan confirmar de manera oficial cada uno de esos diagnósticos ni su evolución.

La distinción es esencial: que una enfermedad haya sido denunciada no equivale a que la autoridad la haya confirmado públicamente. Pero la ausencia de información clínica abierta tampoco desmiente por sí misma los señalamientos.

Profepa informó en abril que los animales no se encontraban abandonados y que permanecían bajo atención médico-veterinaria diaria, con alimentación y supervisión de la calidad del agua.

También reconoció que varios ejemplares ya padecían enfermedades antes del aseguramiento y que algunos cuadros eran graves. Según la dependencia, mover a un delfín sin que sus condiciones clínicas lo permitan puede agravar su salud o poner en riesgo su vida.

Por eso, la exigencia responsable no es trasladarlos a toda costa para obtener una fotografía política. Es conocer qué tiene cada ejemplar, qué tratamiento recibe, quién lo supervisa, cuál es su pronóstico y qué alternativa es realmente segura.

Nueve delfines bajo resguardo y una transparencia todavía incompleta

Profepa clausuró Dolphin Discovery Cancún en octubre de 2025 y aseguró nueve delfines. Desde entonces, los animales permanecen en las instalaciones bajo custodia federal, mientras su atención cotidiana continúa a cargo de personal especializado vinculado con la operación del sitio.

La dependencia sostiene que mantiene supervisión sobre los cuidados. Sin embargo, no se han hecho públicos los expedientes clínicos completos, los resultados de evaluaciones independientes, los protocolos de tratamiento por ejemplar ni una fecha cierta de reubicación.

La opacidad alimenta dos narrativas enfrentadas: por un lado, organizaciones que hablan de abandono y sufrimiento extremo; por otro, una autoridad que asegura que existe vigilancia y atención permanente.

La forma de resolver esa disputa no es con comunicados generales. Es con información verificable.

El interés público exige conocer, respetando los datos técnicos que deban protegerse, el estado de salud de los nueve animales, las inspecciones realizadas, la frecuencia de la atención veterinaria, la calidad del agua, los tratamientos prescritos y las razones clínicas que impiden o aconsejan cada traslado.

Mincho: el delfín que dio nombre a la ley todavía espera una salida

Mincho se convirtió en símbolo nacional después de que se difundieran imágenes de un accidente durante una acrobacia en un delfinario de la Riviera Maya. Su caso acompañó la discusión de la reforma conocida popularmente como “Ley Mincho”, que modificó la Ley General de Vida Silvestre para restringir el aprovechamiento de mamíferos marinos.

La reforma definitiva fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 y entró en vigor al día siguiente. Prohibió, salvo excepciones estrictas de conservación, investigación o rescate sin fines de lucro, la posesión y utilización de estos animales para actividades comerciales, así como su reproducción.

Además, estableció que los cetáceos deben ser reubicados en corrales marinos o instalaciones abiertas con intercambio de agua exterior y otorgó a los poseedores un plazo máximo de 18 meses, posterior a la entrega del inventario exigido por la ley, para realizar la reubicación conforme a los protocolos de Semarnat.

Mincho resume la contradicción de esta historia: el delfín que ayudó a visibilizar los costos del espectáculo permanece dentro de una instalación clausurada mientras se denuncia que su salud se deteriora y las autoridades aún no presentan una alternativa definitiva ante la sociedad.

La ley lleva simbólicamente su nombre. El reto es demostrar que puede protegerlo mientras todavía está vivo.

¿Qué sería realmente un santuario de delfines?

Un santuario no significa abrir una compuerta y devolver inmediatamente a los animales al océano. Muchos delfines nacidos o mantenidos durante años bajo cuidado humano no saben buscar alimento, evitar peligros o sobrevivir sin asistencia.

Liberarlos sin una evaluación individual también puede condenarlos.

Un santuario marino ofrece una transición distinta: un espacio protegido con agua de mar, mayor amplitud y estímulos naturales, pero con alimentación, vigilancia, atención veterinaria y protocolos de emergencia. El objetivo no es exhibir al animal, sino permitirle vivir el resto de su vida con el mayor bienestar posible.

La diferencia frente a un delfinario está en el propósito y en el dinero. Un verdadero santuario no vende acrobacias, sesiones fotográficas, montas, nados sujetos a las aletas ni reproducción comercial. El bienestar del ejemplar debe estar por encima del entretenimiento y la rentabilidad.

El proyecto de Cozumel tendrá que blindarse para evitar que el concepto “santuario” termine convertido en una nueva atracción turística con otro nombre.

¿Los nueve delfines de Cancún irán a Cozumel?

Por ahora, no existe confirmación.

Óscar Rébora ha explicado que el traslado dependería de la determinación de Profepa, de la acreditación de maltrato y de las condiciones particulares de cada animal. Todo movimiento requiere evaluaciones clínicas, logística especializada y autorización federal.

No se ha informado que los nueve ejemplares de Dolphin Discovery Cancún tengan reservado un lugar en el futuro santuario. Tampoco se sabe si todos podrían soportar el traslado o si alguno necesitaría permanecer temporalmente en una instalación clínica distinta.

Por eso, el santuario representa hoy una posibilidad, no un rescate concluido.

Vincular ambos casos es periodísticamente inevitable: existen nueve delfines sin destino público y un gobierno que anuncia un espacio para animales cautivos y afectados. Afirmar que ya serán trasladados sería anticiparse a una decisión que todavía corresponde a las autoridades ambientales y veterinarias.

Las seis respuestas que Quintana Roo debe poner sobre la mesa

Para que el anuncio no se convierta en una promesa sin fecha, el Gobierno estatal y las autoridades federales deben transparentar al menos seis elementos:

1. Ubicación y viabilidad ambiental. Cozumel alberga arrecifes, pastos marinos y ecosistemas sensibles. El sitio debe ser adecuado para los animales sin provocar un nuevo impacto ambiental.

2. Presupuesto y financiamiento permanente. Alimentación, medicamentos, especialistas, mantenimiento, vigilancia y respuesta a huracanes requieren recursos durante décadas, no solamente para inaugurar instalaciones.

3. Capacidad y criterios de ingreso. Debe definirse cuántos animales recibirá, quién tendrá prioridad y qué autoridad aprobará cada caso.

4. Modelo médico y operativo. Cada ejemplar necesita expediente clínico, cuarentena, adaptación, monitoreo conductual y un protocolo individual de traslado.

5. Administración independiente. La sociedad debe saber quién operará el espacio y cómo se evitarán conflictos de interés con empresas que participaron en la industria del cautiverio.

6. Prohibición absoluta de explotación comercial. El santuario no debe permitir espectáculos, reproducción con fines de negocio ni interacciones turísticas que vuelvan a convertir a los animales en mercancía.

La Manifestación de Impacto Ambiental y los permisos federales no son obstáculos burocráticos. Son controles indispensables para que una causa legítima no termine dañando el ecosistema que pretende aprovechar para proteger a los delfines.

Del espectáculo a una segunda oportunidad

Quintana Roo concentra buena parte de la industria mexicana de delfines en cautiverio. Durante décadas, Cancún, la Riviera Maya y Cozumel vendieron la experiencia de nadar con ellos, tocarlos, fotografiarse y observar sus acrobacias.

Ahora el estado tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de encabezar el cierre digno de ese modelo.

El santuario puede convertirse en una respuesta histórica: pasar del tanque al mar protegido; de la explotación al retiro; del animal como producto turístico al animal como ser vivo bajo cuidado.

Pero un santuario no se construye con un anuncio. Se construye con ciencia, presupuesto, permisos, vigilancia independiente, expedientes transparentes y fechas verificables.

La propuesta de Óscar Rébora abre una puerta que hasta ahora no existía. La crisis de los nueve delfines de Cancún demuestra por qué urge atravesarla.

La pregunta ya no es únicamente si Quintana Roo necesita un santuario. La pregunta es cuándo estará listo, quién garantizará que sea realmente un refugio y no otro negocio, y cuántos delfines podrán llegar con vida a esa segunda oportunidad.