Mientras el gobierno de Atenea Gómez Ricalde presume transformación, honestidad y cercanía con la ciudadanía, empresarios describen una realidad distinta: una presunta red de corrupción y extorsión que operaría desde áreas estratégicas del propio Ayuntamiento.
Una investigación publicada por Milenio recoge testimonios de comerciantes que acusan a funcionarios municipales de utilizar dependencias como Protección Civil, Fiscalización, Ecología y Desarrollo Urbano para imponer clausuras, obstaculizar permisos y presuntamente exigir dinero o beneficios materiales.
Los señalamientos alcanzan a dos figuras centrales de la administración municipal: Hugo Sánchez Montalvo, secretario general del Ayuntamiento, y William Conrado Alarcón, director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación.
Uno de los casos expuestos es el de Rigoberto Nava, propietario de un banco de materiales que operó durante 24 años en la zona continental. El empresario asegura que, después de negarse a entregar una supuesta cuota de materiales, el municipio le impuso multas cercanas a los 20 millones de pesos y clausuró su negocio, incluso después de que obtuvo un amparo.
Otro denunciante afirma que comerciantes, restauranteros, propietarios de muelles y empresarios de distintos sectores padecen lo que describe como un “garrote ejecutor” operado desde el gobierno municipal. También sostiene que a pequeños comerciantes les habrían exigido cantidades de entre 30 mil y 40 mil pesos.
¿Cómo puede operar durante años una presunta red de extorsión dentro del Ayuntamiento sin que la presidenta municipal se entere?
Atenea Gómez Ricalde encabeza el gobierno y los funcionarios señalados forman parte de su estructura administrativa. Por ello, no basta con sostener que la alcaldesa no aparece cobrando personalmente las presuntas cuotas.
Si desconocía lo ocurrido, el caso revelaría una alarmante pérdida de control sobre su propia administración. Si fue informada y no actuó, tendría que explicar por qué permitió la permanencia de los señalados. Y si considera falsas las acusaciones, debe responder con documentos, investigaciones y resultados, no con silencio.
Milenio informó que solicitó la postura del Ayuntamiento de Isla Mujeres, pero no obtuvo respuesta. Ante la gravedad de los señalamientos, el gobierno municipal debe aclarar si separará temporalmente a los funcionarios mencionados, si promoverá una investigación independiente, cuántas clausuras y multas aplicaron las dependencias involucradas y por qué un negocio habría sido cerrado pese a contar, según el denunciante, con un amparo.
También debe explicar qué relación existe entre los funcionarios señalados y los establecimientos presuntamente beneficiados. La administración de Atenea Gómez Ricalde ha construido una narrativa pública basada en la honestidad; hoy esa narrativa enfrenta cuestionamientos de alcance nacional.
Tal vez Atenea no colocó personalmente los sellos de clausura ni pidió las presuntas cuotas, pero los funcionarios señalados operan dentro del Ayuntamiento que ella gobierna. Tiene dos opciones: investigar a sus propios colaboradores o asumir políticamente el costo de su silencio.
