El periodismo de Quintana Roo ya no se ejerce únicamente desde una redacción con contrato, salario fijo y credencial empresarial. Buena parte de la información diaria también es producida por reporteros independientes, fotógrafos que colaboran con varios medios, corresponsales municipales, camarógrafos, administradores de páginas digitales y comunicadores que cobran por cobertura o publicación.
Esa diversidad se encuentra en el centro de la iniciativa ciudadana con folio 436, denominada Ley para la Protección Integral, Bienestar y Derechos Profesionales del Periodismo. La agenda del Congreso confirma que el expediente entró a revisión de formalidades dentro de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. La propuesta todavía no constituye una ley aprobada.
La nueva ley de periodismo podría incluir a reporteros independientes y comunicadores digitales
La iniciativa fue presentada por integrantes de la Unión de Periodistas y Medios Digitales de Quintana Roo y plantea proteger derechos profesionales, laborales y de seguridad, con atención especial a quienes trabajan de manera independiente. La información difundida por sus promotores menciona cobertura médica, vivienda, capacitación y actualización profesional.
Durante una presentación realizada en Cozumel, el proyecto fue compartido con reporteros, fotógrafos, camarógrafos, periodistas, trabajadores de medios impresos y televisivos, así como coordinadores de páginas digitales. El documento expuesto contiene 31 artículos, de acuerdo con la reseña del encuentro.
Bajo ese alcance, el reconocimiento no estaría limitado al conductor de noticias o al reportero que aparece firmado en una nota. También podría comprender a quienes recaban, documentan, graban, fotografían, editan, verifican y distribuyen información de interés público, aun cuando trabajen para más de una plataforma o carezcan de una relación laboral permanente.
El punto decisivo estará en la redacción final de la definición. Si la protección depende exclusivamente de una credencial, título universitario, contrato o pertenencia a un padrón, podrían quedar fuera personas que realizan labores periodísticas comprobables desde medios comunitarios, proyectos digitales o colaboraciones independientes.
Un periodista se reconoce por su trabajo informativo y no únicamente por una credencial
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que la definición debe partir de un criterio funcional. Ese estándar incluye a analistas, reporteros profesionales, autores de blogs y personas que publican por cuenta propia mediante prensa, internet u otros formatos.
Esta visión permite observar el trabajo realizado y su finalidad pública: buscar datos, contrastar fuentes, documentar acontecimientos y comunicar información a la sociedad. El soporte puede ser un periódico, una estación de radio, televisión, una página digital, un canal audiovisual o una plataforma comunitaria.
Quintana Roo cuenta con un antecedente legislativo de 2015 que definió como periodista a quien ejerce la libertad de expresión o información de manera permanente, con o sin remuneración, e incluyó actividades como recabar, procesar, editar, comentar, publicar y proporcionar información. Ese precedente muestra la importancia de que una norma contemporánea contemple los formatos digitales y las distintas formas de colaboración.
El padrón de periodistas deberá garantizar inclusión sin convertirse en permiso para informar
Entre los componentes difundidos de la nueva iniciativa aparece la creación de un padrón estatal de periodistas, planteado como instrumento para identificar a quienes ejercen profesionalmente la actividad informativa.
Un registro puede facilitar el acceso a programas, capacitación o medidas de acompañamiento, siempre que su operación sea voluntaria, transparente y suficientemente amplia. La libertad de expresión pertenece a todas las personas; por ello, la inscripción no puede convertirse en autorización previa para investigar, publicar o participar en una cobertura.
El tratamiento legislativo también tendrá que reconocer trayectorias que no se acreditan mediante títulos. Una fotógrafa con años de coberturas, un reportero comunitario, un corresponsal sin contrato o una persona que dirige un medio digital pueden demostrar su actividad mediante publicaciones, archivos, colaboraciones y trabajo sostenido.
La definición que finalmente avance en el Congreso de Quintana Roo determinará quién podrá acceder a los beneficios previstos. Una ley amplia tendría la capacidad de reconocer al gremio como realmente opera hoy: diverso, móvil, digital y compuesto por profesionales que informan desde empresas consolidadas, pequeños medios y proyectos independientes.
