¿Para combatir al narcotráfico México tiene que obedecer a Estados Unidos? ¿O puede mantener un gobierno de izquierda, compartir inteligencia con Washington y conservar el control de sus decisiones?
El debate cobra fuerza después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la construcción de seis nuevos centros penitenciarios estatales, tras la violencia en el penal El Castillo de Mazatlán, Sinaloa, que dejó 12 personas muertas. El proyecto contempla 18,480 espacios en conjunto y un modelo de vigilancia, clasificación de internos y reinserción social.
La pregunta de fondo va más allá de levantar nuevos edificios: ¿puede el Estado impedir que el crimen organizado siga ejerciendo poder desde el interior de las prisiones?
Cooperar con Estados Unidos no significa subordinarse
México y Estados Unidos mantienen mecanismos formales de colaboración contra el tráfico de drogas, armas y otras actividades delictivas. En septiembre de 2025 ambos gobiernos anunciaron un entendimiento basado en respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.
Sheinbaum ha reiterado que las autoridades mexicanas pueden recibir información de agencias estadounidenses, pero que las operaciones en territorio mexicano deben ajustarse a la Constitución y a las leyes nacionales. La cooperación no elimina las diferencias entre ambos gobiernos ni autoriza intervenciones fuera de los cauces legales.
Este es un punto clave para entender el debate latinoamericano: la colaboración internacional no obliga a adoptar una ideología determinada ni a renunciar a la autonomía nacional. Pero la soberanía tampoco se demuestra solo con declaraciones: exige instituciones que investiguen, actúen y rindan cuentas.
El narcotráfico no comenzó con un sexenio
La violencia del crimen organizado tiene raíces que atraviesan administraciones y partidos: mercados internacionales de drogas, circulación ilegal de armas, corrupción, disputas territoriales y debilidades institucionales. Reducir toda la inseguridad a una sola presidencia impide reconocer esas causas.
Eso no exime a Andrés Manuel López Obrador, a gobiernos anteriores ni a la administración actual de rendir cuentas por sus decisiones. En seguridad, reconocer un problema heredado nunca equivale a cancelar la responsabilidad del gobierno que está en funciones.
En la conferencia del 13 de octubre, el gobierno federal reportó una reducción de 52% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, de 86.9 a 42.2. Es una cifra oficial que debe analizarse junto con otros delitos, diferencias regionales y experiencias concretas de las víctimas.
Seis penales nuevos: la promesa frente a la realidad
El proyecto contempla centros en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz, con tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección, bloqueo de señales y módulos según el perfil y nivel de riesgo de las personas privadas de la libertad.
El nuevo modelo también promete espacios de trabajo, educación, salud y actividad física. Sinaloa será la primera entidad priorizada, con un centro proyectado para 2,640 internos. Según funcionarios federales, la conclusión de los seis complejos se estima aproximadamente para 2028, sujeta a la definición de predios y proyectos ejecutivos.
La construcción puede ayudar a enfrentar el hacinamiento, pero no garantiza por sí sola que desaparezcan las armas, la corrupción, las extorsiones o las estructuras de mando criminal. Ese será el verdadero examen: el control efectivo de las instalaciones y la seguridad de quienes están dentro y fuera de ellas.
Una frontera, dos responsabilidades
México tiene la obligación de perseguir a las redes delictivas que operan en su territorio. Estados Unidos, por su parte, enfrenta el desafío de la demanda de drogas y el tráfico ilegal de armas hacia México. La cooperación puede atender un problema compartido, sin borrar las obligaciones particulares de cada nación.
Por eso, la pregunta pertinente no es si México debe elegir entre Washington y su soberanía. Es cómo lograr que la colaboración produzca detenciones legales, investigaciones sólidas, menor violencia y controles institucionales verificables.
La seguridad no se resuelve repartiendo culpas
La discusión sobre Morena, gobiernos anteriores y Estados Unidos seguirá siendo intensa. Sin embargo, la vida cotidiana de las personas exige algo más que etiquetas: calles transitables, menos extorsiones, cárceles bajo control del Estado y una justicia que funcione.
El anuncio de los seis penales es una decisión concreta; su eficacia aún debe demostrarse. La colaboración internacional es real; sus alcances y límites deben ser transparentes. Los indicadores oficiales aportan información; no reemplazan la evaluación independiente.
La cuestión no es escoger entre soberanía y seguridad. Es demostrar, con resultados comprobables, que ambas pueden sostenerse al mismo tiempo.
