El próximo presupuesto del Congreso de Quintana Roo tendrá que acomodar dos movimientos que avanzan en direcciones distintas: un nuevo techo federal para el gasto de las legislaturas locales y las solicitudes laborales que mantienen los trabajadores sindicalizados en Chetumal.
La reforma constitucional publicada el 23 de abril de 2026 establece que el presupuesto anual de los congresos estatales no podrá exceder 0.70% del Presupuesto de Egresos de cada entidad. La disposición quedó incorporada al artículo 116 de la Constitución federal.
En Quintana Roo, esa regla puede modificar considerablemente el margen financiero para 2027. Pero todavía hay que distinguir entre una estimación con números de 2026 y el monto que finalmente será aprobado.
De 536.4 millones a una referencia cercana a 377.9 millones
El Presupuesto de Egresos 2026 asignó al Poder Legislativo 768.8 millones de pesos, pero esa cifra incluye 232.4 millones destinados a la Auditoría Superior del Estado. Al separar esa partida, la operación propia del Congreso ronda los 536.4 millones de pesos.
El presupuesto total estatal aprobado para 2026 fue de 53 mil 981.8 millones de pesos. Si se aplicara a esa misma bolsa el límite constitucional de 0.70%, el techo legislativo sería cercano a 377.9 millones de pesos.
La diferencia ronda los 158.5 millones, aproximadamente 29.5% menos frente a la bolsa operativa actual del Congreso.
Ese monto no debe presentarse todavía como el presupuesto definitivo de 2027: el cálculo utiliza como referencia el gasto estatal de 2026. El techo final dependerá del Presupuesto de Egresos de Quintana Roo para 2027.
El sindicato lleva salarios, bases y niveles a la negociación
Mientras se aproxima esa reorganización financiera, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Congreso del Estado (SUTAHCE) mantiene demandas laborales propias.
Su secretaria general, Mercedes Rodríguez Ocejo, informó esta semana que buscará abordar con Jorge Sanén Cervantes, actual presidente de la JUGOCOPO, los temas de bases laborales, niveles e ingresos salariales. La dirigente reconoció que el nuevo escenario presupuestal vuelve más compleja la posibilidad de obtener un incremento, aunque señaló que plantearán las solicitudes para que se realicen las corridas financieras correspondientes.
La negociación viene de meses atrás. En junio, el sindicato informó que su pliego petitorio incluyó un incremento de 10% directo al salario, además de nivelaciones contractuales y bonos extraordinarios. Rodríguez Ocejo señaló entonces que la base trabajadora acumulaba alrededor de siete años sin ajustes sustanciales en el salario directo.
Las prestaciones actuales, de acuerdo con la representación sindical, se encuentran protegidas por las condiciones laborales vigentes. La discusión está principalmente en qué mejoras nuevas pueden incorporarse dentro del próximo presupuesto.
El Presupuesto 2027 tendrá que conciliar ambas cifras
El escenario coloca a la nueva presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política frente a una tarea particularmente numérica: organizar el gasto del Congreso dentro del nuevo límite y, al mismo tiempo, procesar las solicitudes de su plantilla laboral.
Hasta ahora no existe un aumento salarial aprobado para 2027, tampoco un número definitivo de nuevas bases o nivelaciones autorizadas.
Lo que sí está definido es el marco: el Congreso tendrá un techo constitucional más estricto, mientras los trabajadores llegan a la discusión presupuestal con peticiones concretas sobre salario, estabilidad laboral y crecimiento dentro de la estructura legislativa.
