La transformación judicial en Quintana Roo tiene una primera referencia económica: alrededor de 28 millones de pesos para adaptar la operación al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La estimación fue mencionada públicamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, quien señaló que la implementación comenzaría utilizando los recursos disponibles, sin una ampliación presupuestal inmediata.
Ese monto no corresponde todavía a una bolsa con contratos, proveedores y partidas plenamente publicados. Es una aproximación institucional para preparar juzgados, tecnología, capacitación y organización interna durante el arranque de un sistema que modifica la forma de tramitar asuntos por rentas, hipotecas, contratos, cuotas condominales y posesión de propiedades.
Los 28 millones todavía no tienen un desglose público
La iniciativa presentada ante el Congreso señala que la transición fue diseñada a partir de cinco áreas: infraestructura física, infraestructura tecnológica, estructura organizacional, marco normativo y derechos humanos. También menciona escenarios de inversión mínima y óptima previamente cuantificados, aunque el documento público no detalla cuánto dinero corresponde a cada rubro.
El decreto establece que la Secretaría de Finanzas y Planeación proporcionará los recursos necesarios durante el ejercicio fiscal y que el Poder Judicial incorporará en sus proyectos presupuestales posteriores los requerimientos de cada etapa. En consecuencia, los 28 millones de pesos deben entenderse como una necesidad estimada de implementación, no como una cantidad ya ejercida o asignada íntegramente a una sola obra.
La inversión puede distribuirse entre adecuaciones para audiencias, computadoras, conectividad, grabación, firma electrónica, soporte técnico y formación del personal. El monto definitivo podrá conocerse cuando se publiquen las partidas, adquisiciones y contratos asociados con la transición.
LEXCIFAM concentrará expedientes y movimientos judiciales
Una parte central del cambio será LEXCIFAM, plataforma desarrollada y probada para administrar el expediente digital. El sistema contempla firma electrónica avanzada, reparto aleatorio de asuntos y trazabilidad procesal, es decir, un registro de los movimientos realizados dentro de cada expediente.
La plataforma se encontraba en fase de validación operativa con personas juzgadoras y sobre una infraestructura tecnológica previamente instalada. Esto permite que una proporción de los recursos se concentre en ajustes, ampliaciones y capacitación, en lugar de iniciar todo el sistema desde cero.
El nuevo modelo también requiere videograbación de audiencias, personal preparado para la gestión oral y una redistribución de cargas entre juzgados. Entre 2021 y 2023, los asuntos civiles y familiares representaron en promedio 67.75% de los juicios ingresados y 79.96% de los concluidos, lo que dimensiona el volumen que deberá adaptarse gradualmente.
Chetumal inició junto con Cancún la primera etapa
Los distritos judiciales de Chetumal y Cancún comenzaron la primera fase el 1 de junio de 2026. Playa del Carmen se incorporará el 7 de septiembre, mientras Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Kantunilkín e Isla Mujeres lo harán el 9 de noviembre.
La etapa inicial comprende juicios de arrendamiento inmobiliario, hipotecas, cobro de cuotas condominales, cumplimiento de contratos, usucapión y recuperación de la posesión, entre otros procedimientos civiles.
El avance de esta transformación podrá medirse con datos concretos: salas adaptadas, personal capacitado, expedientes incorporados a LEXCIFAM, audiencias realizadas y recursos efectivamente gastados. Los 28 millones ofrecen una dimensión inicial; el siguiente registro será conocer cómo se distribuye cada peso dentro de los juzgados y plataformas que sostendrán las nuevas audiencias.
