SHEINBAUM PIDE INVESTIGAR EXTORSIONES; ATENEA REACCIONA

El gobierno de Atenea Gómez Ricalde guardó silencio cuando empresarios denunciaron públicamente una presunta red de corrupción y extorsión dentro del Ayuntamiento de Isla Mujeres.

Pero el caso llegó hasta Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum habló del tema durante su conferencia mañanera, pidió a los empresarios acercarse al Gabinete de Seguridad y abrió la puerta para que las acusaciones sean investigadas por autoridades federales.

Después de ese pronunciamiento, el gobierno municipal reaccionó.

A través de su equipo de Comunicación Social, Atenea Gómez Ricalde informó que revisará la actuación de dos funcionarios directamente señalados por empresarios: Hugo Sánchez Montalvo, secretario general del Ayuntamiento, y William Conrado Alarcón, director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación.

La reacción llegó, pero lo hizo cuando el escándalo ya había salido de Isla Mujeres y alcanzado la Presidencia de México.

Sheinbaum llevó el caso a la agenda nacional

La investigación original de Milenio fue publicada durante la madrugada del 29 de julio. El medio recogió testimonios de empresarios que acusaron a funcionarios municipales de presuntos cobros irregulares, clausuras, obstáculos administrativos y utilización de dependencias públicas como instrumentos de presión.

Milenio informó que solicitó la postura del Ayuntamiento de Isla Mujeres, pero no obtuvo respuesta.

Horas después, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso durante su conferencia matutina y respondió:

“Que esos empresarios se acerquen al Gabinete de Seguridad, y si tienen alguna denuncia, que se investigue”.

El pronunciamiento presidencial cambió la dimensión política del escándalo.

Las acusaciones dejaron de ser únicamente un problema para la administración municipal de Atenea Gómez Ricalde. Desde ese momento, los empresarios recibieron una invitación pública para presentar la información directamente ante las autoridades federales.

La Presidencia habló antes de que el gobierno municipal ofreciera una respuesta pública de fondo.

Atenea reaccionó después de la mañanera

La madrugada del 30 de julio, Milenio publicó que Atenea Gómez Ricalde revisaría la actuación de William Conrado Alarcón y Hugo Sánchez Montalvo.

La respuesta no fue ofrecida directamente por la presidenta municipal.

A través de su director de Comunicación Social, Carlos Enrique Gasca, el Ayuntamiento hizo saber que:

“La presidenta es la más interesada en aclarar este tema (…) y aplica para cualquier funcionario”.

La secuencia es verificable y políticamente contundente:

Primero aparecieron las denuncias. Después, el Ayuntamiento guardó silencio ante la solicitud de postura de Milenio. Más tarde, Claudia Sheinbaum pidió que los empresarios se acercaran al Gabinete de Seguridad. Finalmente, el gobierno de Atenea anunció que revisaría a los funcionarios señalados.

No existe evidencia pública para afirmar que Sheinbaum ordenó a Atenea actuar.

Tampoco puede demostrarse, hasta ahora, que la reacción municipal haya ocurrido exclusivamente por temor a una intervención federal.

¿Por qué el gobierno de Atenea reaccionó solamente después de que las acusaciones llegaron a Palacio Nacional?

Revisar no significa investigar

El gobierno municipal asegura que revisará los procedimientos realizados por los funcionarios señalados.

Sin embargo, una revisión anunciada a través de Comunicación Social no equivale a una investigación formal, independiente y con consecuencias jurídicas.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado públicamente:

Si la Contraloría municipal abrió un expediente.
Qué autoridad realizará la investigación.
Cuándo comenzó el procedimiento.
Cuál es el número de expediente.
Qué documentos serán asegurados y revisados.
Cuándo se presentarán resultados.
Si los funcionarios serán separados temporalmente.
Si se protegerá a denunciantes y servidores públicos.
Si el caso será turnado a la Fiscalía.

Tampoco se ha anunciado una denuncia presentada por el propio Ayuntamiento para que las acusaciones sean investigadas por autoridades ajenas al gobierno municipal.

Atenea ya dijo que revisará. Lo que todavía no ha demostrado es que vaya a investigar con independencia y llegar hasta las últimas consecuencias.

Los funcionarios señalados siguen en el gobierno

Los testimonios publicados por Milenio señalan a funcionarios de primer nivel dentro de la administración de Atenea Gómez Ricalde.

Rigoberto Nava, propietario del banco de materiales Santa Fe, aseguró que comenzó a enfrentar presiones después de negarse a entregar una presunta “cuota” de materiales.

De acuerdo con su versión, posteriormente le reclamaron aproximadamente 20 millones de pesos por distintos conceptos y su establecimiento fue clausurado. El empresario también sostuvo que obtuvo un amparo.

Estos señalamientos deberán acreditarse mediante los expedientes administrativos, las resoluciones judiciales, las denuncias y las investigaciones correspondientes.

El Ayuntamiento ya comenzó a defender la legalidad de sus procedimientos.

Soledad Che Celis, coordinadora general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, afirmó que el banco de materiales carecía de permisos municipales y sostuvo que las sanciones estaban relacionadas con incumplimientos en materia de uso de suelo, ecología y Protección Civil.

Sin embargo, reconoció que desconocía la cantidad total de las sanciones.

La contradicción exige documentos: si el gobierno sostiene que actuó conforme a la ley, debe publicar las resoluciones, explicar cómo calculó la cifra reclamada e identificar a los servidores públicos que autorizaron cada procedimiento.

¿Quién investigará al gobierno de Atenea?

El problema central no es solamente si existieron irregularidades.

También importa quién tendrá acceso a las oficinas, los expedientes, los registros de inspección y los servidores públicos que podrían aportar información.

Hugo Sánchez Montalvo y William Conrado Alarcón permanecen, hasta ahora, dentro de la estructura gubernamental señalada.

Separarlos temporalmente no representaría una declaración anticipada de culpabilidad.

Sería una medida administrativa para preservar documentos, evitar posibles interferencias y ofrecer condiciones mínimas de imparcialidad.

Atenea no ha anunciado que vaya a hacerlo.

Si la revisión será realizada por subordinados del mismo gobierno, mientras los funcionarios señalados continúan en sus cargos, la presidenta municipal deberá explicar cómo garantizará que el procedimiento sea verdaderamente independiente.

Atenea ya no puede decir que no sabía

La primera pregunta fue:

¿Atenea no sabía?

Esa pregunta ya quedó superada.

Después de las publicaciones nacionales, del pronunciamiento de Claudia Sheinbaum y de la respuesta de su propio equipo, Atenea Gómez Ricalde ya conoce públicamente la gravedad de las acusaciones.

Ahora debe responder otra:

¿Qué hará después de saberlo?

¿Abrirá una investigación formal?

¿Separará temporalmente a los funcionarios?

¿Transparentará los expedientes?

¿Dará vista a la Fiscalía?

¿Permitirá la intervención de una instancia independiente?

O, por el contrario, ¿todo quedará reducido a una “revisión” anunciada cuando el escándalo ya había llegado hasta la mañanera?

Del silencio a la reacción; de la reacción todavía no pasa a la acción

El gobierno de Atenea Gómez Ricalde rompió el silencio, pero lo hizo después de que el caso alcanzó la agenda presidencial.

Ese dato no demuestra por sí solo miedo ni una instrucción directa desde Palacio Nacional.

Pero sí exhibe que la respuesta municipal apareció cuando la presión política dejó de ser local.

Claudia Sheinbaum pidió investigar. Los empresarios anunciaron que acudirán ante el gobierno federal. Atenea prometió revisar a sus funcionarios.

Ahora faltan los hechos.

Porque reaccionar cuando el escándalo ya llegó a Palacio Nacional no es rendir cuentas. Revisar no es investigar. Y anunciar que se aclarará un caso no sustituye la obligación de separar, denunciar y presentar resultados.