Mientras Quintana Roo presume su riqueza natural ante el mundo, miles de hectáreas de selva han sido transformadas para dar paso a un modelo agrícola que hoy enfrenta sanciones ambientales, denuncias oficiales y crecientes cuestionamientos sobre su impacto en uno de los ecosistemas más importantes de México.
Hay historias que comienzan con una motosierra. Esta comienza mucho antes.
Comienza hace décadas, cuando familias menonitas llegaron al sur de Quintana Roo buscando tierras para desarrollar un modelo de vida basado en la agricultura, el trabajo comunitario y la autosuficiencia. Nadie cuestiona su derecho a vivir, trabajar o practicar su religión en México.
La pregunta es otra: ¿Qué ocurre cuando ese modelo de expansión entra en conflicto con la Selva Maya, con las leyes ambientales y con el patrimonio natural de todos los mexicanos?
Hoy esa pregunta ya no pertenece únicamente a ambientalistas. También la hacen científicos, comunidades rurales y las propias autoridades federales.
Antecedentes de destrucción
Durante los últimos años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha documentado cambios ilegales de uso de suelo, desmontes y afectaciones forestales en predios ocupados por comunidades menonitas en Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Los operativos derivaron en clausuras, multas y denuncias penales.
En Quintana Roo, el foco principal está en Bacalar. Ejidos como El Paraíso, El Bajío y San Fernando fueron objeto de inspecciones oficiales después de que la Profepa detectara desmontes sin autorización federal para convertir selva en terrenos agrícolas. Posteriormente se impusieron sanciones económicas y medidas de reparación ambiental.
Es decir, no se trata de rumores. Existe una actuación oficial del Estado mexicano.
Pero el problema tampoco termina ahí. En 2025 la Profepa volvió a intervenir en la península y clausuró diversos predios donde detectó miles de hectáreas desmontadas ilegalmente para actividades agropecuarias.
La pregunta inevitable es: ¿Por qué, después de años de inspecciones, multas y clausuras, el problema sigue creciendo?
La respuesta probablemente no está únicamente en las comunidades menonitas. También está en la debilidad institucional. Ninguna comunidad puede desmontar grandes extensiones de selva sin operaciones de adquisición de tierras, omisiones de vigilancia o una respuesta tardía de las autoridades.
Por eso el verdadero debate no debe centrarse en una religión. Debe centrarse en el cumplimiento de la ley.
Los menonitas forman parte de una comunidad cristiana con siglos de historia. La enorme mayoría vive dentro del marco legal y no puede ser responsabilizada por las acciones de otros. Sin embargo, cuando existe un cambio ilegal de uso de suelo o desmonte sin autorización, los responsables deben responder conforme a la legislación mexicana.
El caso de Campeche, donde existen denuncias relacionadas con posibles afectaciones a vestigios arqueológicos durante desmontes, representa una advertencia para toda la Península de Yucatán y subraya la importancia de proteger tanto la selva como el patrimonio histórico.
La Selva Maya no es solamente un conjunto de árboles. Es uno de los ecosistemas más importantes de América. Debajo de esa vegetación existen cenotes, ríos subterráneos, corredores biológicos y miles de vestigios arqueológicos aún no descubiertos.
Cada hectárea desmontada representa mucho más que árboles derribados. Representa pérdida de biodiversidad, fragmentación del hábitat del jaguar, alteración del suelo y mayores riesgos para el sistema hídrico que alimenta regiones como Bacalar.
Diversos especialistas han advertido que la deforestación, junto con otros factores como el crecimiento urbano y la agricultura intensiva, incrementa la presión sobre la cuenca que alimenta la Laguna de Bacalar.
Por ello, el tema dejó de ser exclusivo de una comunidad. Es un asunto de interés público y de protección del patrimonio natural.
Si México quiere conservar la Selva Maya, ya no basta con reaccionar cuando el daño está hecho. Necesita prevenirlo, aplicar la ley de manera uniforme y garantizar que cualquier actividad económica respete el medio ambiente y el patrimonio de todos los mexicanos.
La pregunta final permanece abierta: ¿Cuántas hectáreas más tendrán que desaparecer antes de que la protección de la Selva Maya deje de ser un discurso y se convierta en una prioridad real?
