Un accidente vial puede modificar la economía de una familia en cuestión de minutos. A la atención hospitalaria pueden sumarse medicamentos, terapias, traslados, cuidados permanentes y semanas sin salario cuando la persona lesionada no puede regresar a trabajar.
En ese contexto avanza la iniciativa ciudadana con folio 451, presentada por Juan Carlos Vázquez, que propone adicionar un Título Noveno a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo para crear el Fondo Estatal de Protección Integral por Accidentes de Movilidad. El Congreso incluyó el expediente en la revisión de formalidades prevista para las propuestas promovidas por ciudadanos.
La denominación del proyecto permite identificar su orientación hacia las personas afectadas por hechos viales. Sin embargo, la información pública disponible no incorpora todavía el articulado completo, por lo que no están confirmados los montos, fuentes de financiamiento, requisitos ni tipos de apoyo que contendría su diseño final.
Un fondo para accidentes viales podría acompañar atención y rehabilitación
Un mecanismo de esta naturaleza podría funcionar como respaldo complementario cuando una persona lesionada necesita continuar su recuperación después de recibir atención inmediata. Su alcance podría abarcar gastos médicos, rehabilitación física, apoyo psicológico, traslados o acompañamiento temporal durante el periodo en que la víctima pierde capacidad para trabajar.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial reconoce que las víctimas y sus familiares deben recibir información, orientación y asesoría integral. También establece el derecho a la atención médica y psicológica, así como a la reparación integral del daño conforme a la legislación aplicable.
Para las familias, esa protección adquiere una dimensión concreta. Una lesión prolongada puede disminuir los ingresos al mismo tiempo que aumenta el gasto cotidiano. El fondo podría convertirse en un puente entre la emergencia inicial y el regreso de la persona a sus actividades, siempre que sus reglas definan con precisión quién puede acceder, qué conceptos cubre y cómo se coordina con seguros, instituciones médicas y otros programas.
La Ley de Movilidad ya contempla financiar la recuperación de víctimas
La legislación vigente en Quintana Roo ya encarga a las autoridades sanitarias proponer esquemas que faciliten el financiamiento de la atención, rehabilitación e integración de las víctimas de siniestros de tránsito. También contempla protocolos para mejorar la atención médica prehospitalaria y la capacitación del personal encargado de responder a estos hechos.
La iniciativa ciudadana podría dar un cauce financiero específico a ese principio. Su diferencia estaría en colocar a las personas y sus procesos de recuperación dentro de una figura especializada, en lugar de concentrar los recursos únicamente en infraestructura o proyectos de transporte.
Quintana Roo ya cuenta con un Fondo para la Movilidad, operado mediante un fideicomiso público a cargo del Instituto de Movilidad. Su finalidad actual es captar y administrar recursos para infraestructura, seguridad vial, ordenamiento, cultura de movilidad y proyectos de transporte sostenible.
El fondo propuesto para accidentes tendría una vocación distinta si el texto definitivo mantiene el sentido anunciado: atender las consecuencias humanas y económicas de un siniestro. Ambos instrumentos podrían convivir, uno orientado al funcionamiento del sistema de movilidad y otro al acompañamiento de quienes resultan afectados.
La iniciativa ciudadana todavía debe ingresar al proceso legislativo
El folio 451 se encuentra en la etapa de verificación de formalidades. La Ley de Participación Ciudadana establece que, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos debe emitir un informe y remitir el expediente a la Mesa Directiva para iniciar el procedimiento legislativo.
Por ello, el fondo todavía no está aprobado ni opera como programa público. Su contenido deberá avanzar por el análisis legislativo correspondiente antes de convertirse en una reforma vigente.
La aportación central de la propuesta consiste en llevar la movilidad más allá del tránsito y la infraestructura. Una persona lesionada puede necesitar meses para recuperar su salud, su empleo y la estabilidad de su hogar. Un fondo bien definido permitiría que la protección posterior al accidente forme parte de la política de movilidad y no dependa únicamente de la capacidad económica de cada familia.
