Imagine que tiene un restaurante en Cancún. Hace cinco años compró un horno italiano a un distribuidor mexicano. Tiene factura, nunca importó nada, jamás contrató un agente aduanal y el proveedor ya cerró. Un día una autoridad le pide acreditar la legal estancia de ese horno en México.
Cambie el horno por motores de una marina, televisores de un hotel, maquinaria de una constructora, refacciones de una transportadora o refrigeradores de un restaurante.
El empresario puede no haber importado absolutamente nada y terminar enfrentando un problema de comercio exterior.
No es un invento de Quintana Roo. México construyó durante décadas un sistema de colaboración mediante el cual los estados pueden ejercer facultades federales de fiscalización. Quintana Roo cuenta con ellas y ya existen procedimientos administrativos en materia aduanera y determinaciones fiscales en comercio exterior.
Puebla, Guanajuato, Veracruz, Chiapas y Tamaulipas, entre otros, también ejercen estas facultades.
El objetivo es correcto: combatir contrabando, mercancía ilegal y competencia desleal.
Mi pregunta es otra: ¿cuántas veces tiene que demostrar una mercancía que entró legalmente a México?
Existe el despacho aduanero federal. Permanecen facultades posteriores de comprobación. Existen regulaciones administradas por distintas autoridades y, además, los estados pueden participar mediante facultades federales delegadas.
No significa que todas revisen exactamente lo mismo. Pero cada nueva ventana de comprobación puede significar abogados, contadores, especialistas aduaneros, pedimentos, facturas, certificados, horas-hombre y eventualmente mercancía inmovilizada mientras la empresa demuestra que cumplió.
Y aquí aparecen los números.
Quintana Roo tiene 75,321 establecimientos donde trabajan 561,817 personas. Sólo el sector privado y paraestatal concentra 58,722 unidades económicas y más de 431 mil trabajadores. Comercio y servicios privados generan casi 90% del valor agregado censal de ese universo empresarial.
Al cierre de 2025 teníamos 516,185 empleos formales registrados ante el IMSS, pero crecieron apenas 0.78% en un año. Mientras tanto, alrededor de 43.5% de nuestros trabajadores permanecían en la informalidad.
Cuando más de cuatro de cada diez trabajadores están fuera de la formalidad, hacer más costosa la formalidad merece, cuando menos, una explicación.
La OCDE encontró que 40% de las empresas mexicanas considera el tiempo destinado a cumplir regulaciones una barrera para operar. También advierte que la complejidad regulatoria incrementa costos, golpea particularmente a las PYMES, dificulta crecer y puede ampliar espacios de discrecionalidad y corrupción. LEON SLC SEM 39 Fiscalizacion…
Fiscalizar no provoca automáticamente cierres o desempleo. Pero fiscalizar mal tiene un costo.
Y Quintana Roo tiene demasiado que perder.
En 2024 recibimos 921 millones de dólares de inversión extranjera directa. El dato más revelador es que 469 millones fueron reinversión de utilidades: empresas que ya conocían Quintana Roo y decidieron volver a apostar por nosotros.
Desde 1999 hemos acumulado alrededor de 11,740 millones de dólares de inversión extranjera.
La inversión no pregunta solamente cuánto puede ganar. También cuánto cuesta operar, cuánto tarda un trámite y qué certeza existe de que las reglas serán predecibles.
Nuestra posición geográfica ofrece algo todavía mayor. Quintana Roo podría convertirse en plataforma logística entre México, Belice, Centroamérica y el Caribe: centros de distribución, almacenes, cadena fría, consolidación, reexportación, transporte internacional, tecnología y empleos especializados.
Eso sí sería diversificar nuestra economía.
Pero difícilmente podremos aspirar a convertirnos en el hub logístico del Caribe si hacemos cada vez más complejo mover, almacenar y acreditar mercancías.
La solución no es dejar de fiscalizar. Es fiscalizar mejor.
Intercambio automático de información entre Federación y estados. Expediente digital único. Revisiones basadas en riesgo. Trazabilidad electrónica. Y un principio elemental: si el Estado ya tiene una información, no debería obligar al empresario a entregársela una y otra vez.
Y falta una cuenta indispensable: ¿cuánto cuesta mantener estas estructuras de fiscalización?, ¿cuánto contrabando detectan?, ¿cuánto recuperan efectivamente? y ¿cuánto le cuesta al sector privado atenderlas?
Combatamos al ilegal con toda la fuerza del Estado.
Pero no hagamos de la formalidad un castigo.
Porque el día que resulte más sencillo permanecer pequeño, informal o no invertir que crecer y cumplir, habremos ganado una fiscalización y perdido una economía.
Quintana Roo no necesita menos Estado. Necesita un Estado más inteligente: uno que persiga al ilegal sin convertir al empresario formal en sospechoso permanente.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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