La salud mental no parte de cero en las leyes mexicanas. Desde antes de la iniciativa presentada esta semana en el Congreso de Quintana Roo, la legislación federal ya reconoce el derecho de las personas al más alto nivel posible de salud mental y la legislación estatal cuenta con una norma específica para garantizar su atención.
Lo que ahora se plantea desde Chetumal es llevar un paso más arriba esa definición: escribir directamente en la Constitución de Quintana Roo que el derecho a la salud comprende de manera expresa el bienestar físico, mental y emocional.
La iniciativa fue presentada el 21 de septiembre de 2026 por los diputados José María Chacón Chablé y Jennifer Paulina Rubio Tello y quedó turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Todavía no está aprobada.
La salud mental ya es un derecho reconocido por ley
El artículo 72 de la Ley General de Salud establece que la salud mental debe tener carácter prioritario dentro de las políticas públicas y reconoce el derecho de toda persona a alcanzar el nivel más alto posible en esta materia.
La misma norma define la salud mental como un estado de bienestar físico, mental, emocional y social, ligado al ejercicio pleno de los derechos humanos.
Quintana Roo también cuenta desde 2020 con una Ley de Salud Mental, cuyo objetivo incluye garantizar el acceso a este derecho con enfoques psicológico, biológico, social, cultural y de derechos humanos.
Eso significa que la iniciativa constitucional no crea por primera vez el derecho a la salud mental ni inaugura su protección jurídica.
Su diferencia está en otro nivel.
La propuesta quiere ponerlo expresamente en el artículo 13
Actualmente, el artículo 13 de la Constitución estatal reconoce el derecho a la protección de la salud. La reforma propone precisar esa redacción para hablar de “salud integral”, comprendiendo explícitamente el bienestar físico, mental y emocional.
Esa incorporación tendría valor constitucional: colocaría esos conceptos directamente dentro del catálogo de derechos reconocido por la norma superior del estado.
Pero tampoco significaría, por sí sola, que aparezcan automáticamente nuevos hospitales, consultas psicológicas gratuitas, plazas de especialistas o presupuesto adicional. Esos cambios dependen de leyes secundarias, programas, asignaciones presupuestales y decisiones posteriores.
El argumento de los promoventes es que una definición más amplia del derecho a la salud puede dar mayor certeza jurídica frente a problemas psicoemocionales como ansiedad, depresión, estrés y desgaste emocional. Esa explicación corresponde a quienes presentaron la iniciativa y todavía forma parte del proceso legislativo.
Paola Moreno participó en la misma sesión con otra reforma
En la misma sesión del Congreso también apareció el nombre de Paola Elizabeth Moreno Córdova, presidenta de la Comisión de Justicia.
Moreno presentó junto con María Jimena Lasa Aguilar una iniciativa distinta para modificar el artículo 130 Bis del Código Penal, relacionada con sanciones por acoso sexual cometido mediante medios digitales. El orden del día oficial separa ambas propuestas: la reforma de salud integral corresponde a Chacón y Rubio; la iniciativa de ciberacoso, a Moreno y Lasa.
La distinción importa porque las dos iniciativas fueron difundidas juntas durante la misma jornada legislativa, aunque atienden materias diferentes.
En el caso de la salud mental y emocional, el cambio que se discute no consiste en reconocer un derecho inexistente, sino en elevar a texto constitucional una protección que ya aparece desarrollada en leyes federales y estatales.
La diferencia está entre tener ese derecho regulado en legislación ordinaria y dejarlo escrito, de manera explícita, en la Constitución de Quintana Ro
