El operativo que volvió a circular en redes durante septiembre de 2026 no ocurrió este año. La diligencia dentro del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, en Cancún, fue ejecutada el 4 de noviembre de 2024 como parte de investigaciones relacionadas con tres homicidios vinculados a integrantes del gremio.
Más allá del despliegue de aquel día, el expediente dejó una pregunta concreta que todavía permite reconstruir el caso: qué salió realmente de las oficinas sindicales y qué quedó incorporado a las carpetas de investigación.
La lista difundida entonces incluye equipos de cómputo, discos duros, memorias USB, teléfonos celulares y dispositivos para almacenamiento de videos, además de otros indicios. Todo quedó a disposición del Ministerio Público.
Los dispositivos quedaron dentro de las investigaciones por tres homicidios
La diligencia estaba relacionada con dos taxistas asesinados en septiembre de 2024 y con un colaborador del sindicato privado de la libertad en octubre de ese mismo año y posteriormente localizado sin vida. La Fiscalía informó después que el cateo del 4 de noviembre permitió localizar diversas evidencias vinculadas con esas investigaciones.
Los discos duros, memorias USB, celulares y almacenamiento de video son particularmente relevantes porque pueden contener registros digitales, comunicaciones o archivos útiles para una investigación.
Sin embargo, no existe información pública consultada que detalle qué contenía cada dispositivo ni qué datos específicos fueron recuperados de ellos. Por ello, no sería preciso atribuirles conversaciones, imágenes o registros concretos que no hayan sido dados a conocer oficialmente.
La evidencia conocida es el objeto asegurado; su contenido permanece dentro del ámbito de la investigación.
En la oficina de “Mafer” encontraron cartuchos y presuntas drogas
Durante la misma diligencia, en la oficina ocupada por Salomón “N”, alias “Mafer”, fueron localizadas dosis de sustancias señaladas inicialmente como posibles narcóticos y cartuchos útiles de diferentes calibres.
Además, trabajadores del sindicato declararon ante los investigadores haber presenciado actos de tortura contra víctimas. A partir de esos testimonios fue asegurada una oficina donde, según esa línea de investigación, presuntamente habrían ocurrido esas agresiones.
Ese punto requiere precisión: los testimonios forman parte del expediente y llevaron al aseguramiento del espacio, pero la reconstrucción jurídica de lo sucedido corresponde al proceso penal.
Al terminar el cateo, el inmueble quedó temporalmente bajo resguardo y los objetos fueron enviados al Ministerio Público para incorporarlos a las carpetas abiertas.
El proceso de “Mafer” continúa en 2026
Salomón “N” fue vinculado a proceso en noviembre de 2024 por su probable participación en un homicidio calificado relacionado con un colaborador del sindicato.
El cambio procesal más reciente reportado ocurrió en julio de 2026, cuando un juez autorizó que continuara el procedimiento bajo prisión domiciliaria por motivos de salud. Ese cambio de medida cautelar no equivale a una absolución ni modifica por sí mismo el contenido del expediente.
Dos años después, la fotografía documental del cateo sigue siendo concreta: computadoras, discos, memorias, celulares, almacenamiento de video, cartuchos, sustancias y un espacio asegurado por testimonios relacionados con actos de tortura.
Lo que sigue sin ser público es quizá lo más relevante para medir el peso de aquellos hallazgos: qué información extrajeron los investigadores de los dispositivos y cómo fue utilizada dentro de las causas penales
