Del crecimiento urbano de Cancún a la protección de Mahahual, el Colegio de Biólogos busca que las decisiones ambientales dejen de tomarse sin ciencia; SEMA abre una ruta de colaboración con los especialistas.
Quintana Roo vive permanentemente entre dos fuerzas: la presión por construir más y la obligación de conservar el patrimonio natural que sostiene su economía.
Hoteles, desarrollos inmobiliarios, vialidades y nuevos proyectos turísticos avanzan sobre un territorio donde también existen manglares, humedales, selvas, cenotes, acuíferos y corredores naturales utilizados por cientos de especies.
Durante años, numerosas discusiones ambientales se han reducido a dos extremos: quienes consideran que cualquier proyecto representa desarrollo y quienes interpretan toda construcción como destrucción. En medio de esa confrontación existe una voz que pocas veces ocupa el espacio que merece: la de los biólogos.
El Colegio de Biólogos de Quintana Roo busca cambiar esa relación.
Con más de tres décadas de presencia en la entidad, el organismo profesional ha comenzado a intervenir con mayor claridad en procesos de planeación territorial, consultas públicas y controversias relacionadas con el crecimiento urbano. Su objetivo no es detener automáticamente las inversiones, sino impedir que las decisiones se adopten ignorando la evidencia científica.
La idea fue resumida recientemente por Alberto Hernández, integrante del Colegio de Biólogos y representante del grupo comunitario Toccaba:
«No estamos en contra del desarrollo y nunca lo vamos a estar. Pero sí que lo llevemos de la mano con el desarrollo sustentable.»
La diferencia no es menor. Quintana Roo no solamente necesita inversiones. Necesita saber dónde pueden construirse, bajo qué condiciones y qué ecosistemas no deben ponerse en riesgo.
Los biólogos entran a la discusión sobre el futuro de Cancún
Integrantes del Colegio han participado en las mesas de trabajo y socialización del Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, presentando observaciones dirigidas a mantener el equilibrio entre la expansión de la ciudad y la protección ambiental.
Entre sus planteamientos se encuentra la correcta identificación de las áreas naturales protegidas, particularmente espacios como el Parque Ecológico Kabah, para impedir que la ambigüedad de los instrumentos urbanos debilite su conservación.
También han defendido la permanencia de áreas verdes dentro de los nuevos desarrollos y la necesidad de que las medidas ambientales no se queden escritas únicamente como condicionantes administrativas.
El punto crítico, de acuerdo con los especialistas, es la supervisión.
Un proyecto puede prometer reforestación, conservación o mitigación, pero esas medidas solamente adquieren valor cuando existe seguimiento técnico y las autoridades verifican su cumplimiento. El Colegio también ha participado con observaciones relacionadas con la laguna Nichupté y ha insistido en que las obras deben contar con estudios y autorizaciones de los diferentes órdenes de gobierno.
Eso coloca a los biólogos en una función que Quintana Roo necesita fortalecer: no como espectadores invitados cuando una obra ya fue aprobada, sino como especialistas capaces de intervenir antes de que las decisiones sean irreversibles.
Mahahual demostró por qué la ciencia debe llegar primero
La posición del Colegio también ha sido firme frente a proyectos de mayor escala.
Patricia Ocaña Luna, presidenta del organismo, cuestionó el procedimiento mediante el cual se modificaron usos de suelo relacionados con el proyecto Perfect Day en Mahahual. La especialista sostuvo que una decisión de esa magnitud debía pasar por evaluación técnica, participación pública y discusión entre distintos sectores.
Su argumento fue directo: cuando existen manglares, humedales y regulaciones ambientales específicas, los permisos no pueden tratarse como un requisito secundario.
Ocaña respaldó la negativa ambiental federal al proyecto al considerar que evitó posibles afectaciones al ecosistema de Mahahual. También advirtió sobre una práctica recurrente: anunciar inversiones y asegurar que se cuenta con permisos antes de concluir las evaluaciones correspondientes.
La postura resulta relevante porque muestra que el Colegio conserva capacidad crítica. No se trata de una agrupación creada para respaldar automáticamente al gobierno ni de un bloque opuesto a toda inversión. Su valor consiste precisamente en mantener independencia técnica.
Una nueva etapa de colaboración institucional
El Consejo Directivo del Colegio de Biólogos para el periodo 2025-2027 está encabezado por Patricia Ocaña Luna, acompañada por especialistas y representantes municipales de Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos y otras zonas del estado.
Al asumir la presidencia, Ocaña planteó dos prioridades: incorporar a nuevas generaciones de profesionistas a la toma de decisiones y fortalecer el trabajo colaborativo entre instituciones académicas y autoridades gubernamentales.
La toma de protesta fue encabezada por el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera.
Más allá del acto protocolario, el encuentro dejó planteada una relación necesaria: Quintana Roo requiere autoridades capaces de tomar decisiones, pero también colegios profesionales con libertad para advertir, proponer y corregir.
Rébora ha sostenido que la protección ambiental no puede depender exclusivamente del gobierno y que necesita acuerdos con universidades, especialistas, empresas y organizaciones civiles. Esa posición también se reflejó en el Conversatorio por la Semana de la Conservación, donde participaron especialistas vinculados con Amigos de Sian Ka’an, el tiburón ballena, el Gran Acuífero Maya y la protección de tortugas marinas.
El reto será convertir ese discurso en un mecanismo permanente de consulta y colaboración.
De las reuniones a los proyectos concretos
La agenda ambiental estatal ya ofrece espacios donde el conocimiento de los biólogos puede tener consecuencias directas.
Uno de ellos es el proyecto de conectividad de fauna impulsado en Quintana Roo, que contempla la construcción de 21 pasos para animales silvestres: 15 elevados, cuatro subterráneos y dos sistemas tipo tirolesa. La propuesta busca reducir el impacto de las carreteras sobre las especies y recuperar conexiones entre hábitats fragmentados.
También existe trabajo relacionado con el monitoreo forestal, la prevención de incendios, la protección de áreas naturales, la educación ambiental y la incorporación de criterios de biodiversidad en la planeación territorial.
En todos esos frentes, la participación de especialistas no debería limitarse a validar proyectos terminados. Su intervención debe comenzar desde el diseño, continuar durante la ejecución y mantenerse en la vigilancia de los resultados.
Ahí se encuentra una de las oportunidades más importantes para la gestión encabezada por Rébora: transformar la relación entre SEMA y la comunidad científica en una forma estable de gobernanza ambiental.
No para que los científicos sustituyan a la autoridad, sino para que la autoridad cuente con mejores elementos antes de decidir.
Quintana Roo no necesita elegir entre desarrollo y naturaleza
La falsa disyuntiva ha causado demasiado daño.
Sin inversión, las comunidades pierden oportunidades económicas. Pero sin ecosistemas saludables, Quintana Roo pierde agua, protección costera, biodiversidad y la principal razón por la que millones de visitantes llegan cada año.
La respuesta no puede ser construir sin límites ni prohibir sin análisis. La respuesta está en la planeación, la legalidad, la participación ciudadana y la ciencia.
El Colegio de Biólogos de Quintana Roo tiene hoy la oportunidad de convertirse en uno de los grandes contrapesos técnicos del desarrollo estatal. SEMA, bajo la conducción de Óscar Rébora, tiene la responsabilidad de garantizar que esa voz no solamente sea escuchada durante ceremonias y conversatorios, sino antes de autorizar, modificar o impulsar proyectos que transformarán el territorio.
En un estado donde cada decisión urbana puede alcanzar un manglar, una selva o un acuífero, escuchar a los biólogos no es una cortesía. Es una necesidad.
