Depósitos sin origen plenamente identificado, un movimiento contable y explicaciones que no convencieron al órgano fiscalizador. El caso pone bajo escrutinio las cuentas del Ayuntamiento encabezado por Atenea Gómez: ¿de dónde salió el dinero y qué ocurrió con él?
En Isla Mujeres, a un contribuyente se le pide acreditar sus pagos. Ahora, la pregunta va en sentido contrario: ¿cómo explica el Ayuntamiento casi 59 millones de pesos cuyo origen y destino no quedaron suficientemente documentados ante la auditoría?
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) turnó a investigación una observación por 58 millones 925 mil 770.58 pesos, detectada durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 del municipio. Según Radio Fórmula, la documentación y las reclasificaciones contables presentadas por el Ayuntamiento no bastaron para acreditar la procedencia, naturaleza y destino de esos recursos.
La cantidad llama la atención. Pero el conflicto está en la explicación: el dinero entró a cuentas municipales y las respuestas entregadas no cerraron las dudas del órgano fiscalizador.
Para una población que paga impuestos, permisos y servicios, conocer el recorrido de esos recursos es una exigencia básica. Cada peso administrado por el municipio debe poder seguirse con documentos.
El dinero entró; la explicación quedó pendiente
De acuerdo con la información publicada por Grupo Animal, los depósitos corresponden a 2021 y 2022 y permanecieron registrados como una deuda con terceros. En octubre de 2025 fueron reclasificados a la cuenta de “Resultados de Ejercicios Anteriores”.
El Ayuntamiento argumentó que provenían de contribuyentes que no solicitaron comprobantes fiscales y que los bancos no proporcionaron información suficiente para identificarlos. Según ese reporte, la ASEQROO consideró insuficiente la explicación y cuestionó el soporte documental del movimiento contable.
Ahí está el punto que merece una respuesta pública: cambiar el dinero de cuenta contable no explica, por sí solo, quién lo depositó, por qué lo hizo ni cómo fue administrado.
Si se trataba de contribuciones municipales, corresponde mostrar los registros que permitan reconstruirlas. Si existían dificultades para identificar los depósitos, corresponde explicar qué gestiones se realizaron y qué resultados tuvieron.
La ciudadanía no tendría que descifrar términos contables para saber qué pasó con una cantidad de esta magnitud.
Las preguntas llegan al gobierno de Atenea Gómez
El pronunciamiento señalado por Grupo Animal está fechado el 23 de septiembre de 2026, dirigido a la presidenta municipal Teresa Atenea Gómez Ricalde e identificado con el número ASEQROO/ASE/DCSRF/1245/09/2026.
El medio también reportó cuestionamientos por la falta de un acta de Cabildo que autorizara la cancelación del pasivo y por documentación no anexada sobre los rendimientos financieros de los recursos. Son señalamientos que requieren contrastarse con el expediente completo y las respuestas municipales.
Que el oficio esté dirigido a Atenea Gómez no demuestra una responsabilidad personal. Sí coloca una obligación política frente a su administración: ofrecer una explicación verificable sobre las cuentas del municipio.
Las preguntas son concretas:
- ¿Qué documentos permiten identificar a quienes realizaron los depósitos?
- ¿Quién autorizó la reclasificación y con qué fundamento?
- ¿Qué ocurrió con los rendimientos del dinero?
- ¿Cuál es el saldo y destino documentado de los recursos?
- ¿Qué información adicional se entregará para aclarar la observación?
Responderlas con estados de cuenta, registros y autorizaciones permitiría discutir hechos. Dejarlas abiertas mantiene la incertidumbre.
Una investigación no es una sentencia
Radio Fórmula informó que la observación fue reclasificada como Pliego de Observaciones y remitida a la Unidad Especial de Investigación para determinar las circunstancias y, en su caso, posibles responsabilidades administrativas.
Esto no acredita por sí mismo un desfalco consumado ni permite afirmar que alguien robó el dinero. El mismo reporte distingue otras dos recomendaciones sobre adquisiciones y expedientes, en las que no se acreditó daño a la hacienda pública.
La distinción importa: una investigación debe establecer qué ocurrió y quién, si corresponde, tiene responsabilidad. Pero tampoco convierte la falta de comprobación en un asunto menor.
Los resultados también se miden en cuentas claras
El pasado 11 de septiembre, el Ayuntamiento difundió el informe de Atenea Gómez, en el que destacó más de 170 obras públicas realizadas durante cinco años y avances en infraestructura y programas sociales. Esa es la versión oficial sobre sus resultados.
Ahora existe otra discusión que merece el mismo espacio público: la explicación de los recursos observados.
Las obras pueden documentarse. Las cuentas también deben poder hacerlo. La población tiene derecho a conocer ambas cosas y a evaluar al Ayuntamiento con información completa.
El caso de los 58.9 millones deja una pregunta abierta que ninguna celebración de resultados resuelve: ¿qué documentos faltan para que el dinero deje de ser una incógnita?
En Isla Mujeres, la respuesta tiene que aparecer en las cuentas.
