El derecho que ahora se busca incorporar expresamente a la Constitución de Quintana Roo no empieza desde cero. Desde agosto de 2022, el estado cuenta con una ley específica que establece cuándo y bajo qué principios deben consultarse decisiones que puedan afectar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La nueva iniciativa, presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis el 25 de agosto de 2026, pretende dar otro nivel jurídico a esa protección: adicionar una fracción al artículo 13 de la Constitución estatal para reconocer directamente el derecho a ser consultados frente a determinadas medidas legislativas o administrativas. El proyecto todavía se encuentra turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y Desarrollo Indígena.
La ley ya establece cómo debe realizarse una consulta
La Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Quintana Roo, publicada el 24 de agosto de 2022, tiene como objeto garantizar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.
La norma establece que los procesos deben desarrollarse de forma previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, con perspectiva intercultural y respeto a la libre determinación de las comunidades.
Eso significa que la propuesta constitucional no crearía por primera vez el mecanismo de consulta. Lo que pretende es colocar ese derecho directamente dentro de la norma de mayor jerarquía del estado.
La diferencia no es menor. Una ley ordinaria desarrolla procedimientos y reglas; la Constitución fija los derechos y principios que deben orientar al resto del marco jurídico local.
Qué pretende agregar la reforma al artículo 13
El proyecto presentado al Congreso propone que los pueblos sean consultados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan generar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o alcanzar acuerdos sobre esas decisiones.
La iniciativa también plantea que, cuando una medida administrativa sometida a consulta beneficie a un particular, el costo del proceso sea cubierto por ese beneficiario. Además, señala que quien obtenga lucro por una medida consultada deberá otorgar a las comunidades un beneficio justo y equitativo conforme a las leyes aplicables.
Su exposición de motivos sostiene que elevar la consulta previa, libre e informada al texto constitucional busca armonizar el marco estatal con la Constitución federal y con instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esa es la posición de la promovente; la propuesta todavía requiere completar su proceso legislativo.
Quintana Roo ya modificó parte de su ley después de una revisión de la Corte
La legislación estatal tampoco ha permanecido intacta desde 2022.
En enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó distintas disposiciones de la Ley de Consulta de Quintana Roo. Entre ellas estuvo una norma que excluía anticipadamente determinados asuntos de cualquier consulta y otra que limitaba los posibles resultados del proceso. La Corte consideró que esas restricciones reducían indebidamente el alcance del derecho.
Ese antecedente ayuda a entender por qué la discusión actual va más allá de organizar consultas: se trata de definir qué protección tendrá el derecho dentro de la propia Constitución estatal.
Si la iniciativa prospera, Quintana Roo mantendrá la ley que desde 2022 detalla el procedimiento, pero agregará una protección constitucional expresa para que las comunidades sean tomadas en cuenta cuando una decisión pueda afectar significativamente su vida o su territorio.
El cambio, por tanto, no consiste en estrenar el derecho, sino en subirlo de nivel dentro del orden jurídico de Quintana Roo.
